Corrupción de mostrador: cae registrador público de Teziutlán por intento de soborno
En los pasillos oscuros del Registro Público de la Propiedad de Puebla, donde los trámites se deslizan entre carpetas y sellos sin fecha, el dinero en efectivo sigue siendo la moneda más eficiente para desactivar auditorías, esconder anomalías o facilitar escrituras a modo. En este contexto, Eduardo José N., exregistrador de la oficina de Teziutlán, fue vinculado a proceso por cohecho, acusado de haber ofrecido 50 mil pesos en efectivo para que no le realizaran revisiones administrativas.
El hecho —según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un boletín oficial— ocurrió a principios de 2025, cuando el ahora imputado intentó sobornar a funcionarios del Registro Público con sede en la ciudad de Puebla, buscando evitar la fiscalización de su oficina registral en la sierra nororiental del estado.
La oferta no solo fue rechazada. También fue documentada y denunciada. Con los elementos aportados por el Ministerio Público, el juez de control determinó vincularlo a proceso penal, ordenando además que permanezca en prisión preventiva justificada mientras se desahogan las etapas del juicio.
Un sistema en crisis: corrupción inmobiliaria desde lo público
Aunque el monto del soborno pareciera menor frente a los grandes escándalos de desfalcos millonarios, el caso revela el funcionamiento cotidiano de los pequeños actos de corrupción institucionalizados, especialmente en el ámbito de los registros públicos, donde el tráfico de escrituras, alteración de documentos y desaparición de folios han sido práctica recurrente.
El Registro Público de la Propiedad es una pieza clave en el tráfico de tierras y el blanqueo de propiedades. Su control garantiza acceso a la legalización de inmuebles irregulares, adjudicación de terrenos ejidales, manipulación de testamentos o regularización exprés de bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Y en muchos casos, estas maniobras no requieren millones: basta con “convencer” al personal adecuado con el dinero suficiente.
El caso de Eduardo José N. no es aislado, pero sí es sintomático. Se trata de una estructura burocrática heredada, sin contrapesos internos, donde el poder local actúa con impunidad mientras no incomode a las cúpulas. La pregunta no es si hay más casos así en Puebla, sino cuántos permanecen impunes.
Silencio institucional y redes políticas
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal —ni de la Secretaría de Gobernación ni del Instituto Registral y Catastral— ha emitido pronunciamiento público sobre el caso. Tampoco se ha informado si el imputado tenía vínculos políticos o si fue nombrado por cuotas de partido. En municipios como Teziutlán, estas oficinas suelen operar como espacios de control territorial, más cercanos a los intereses de alcaldes y caciques que a la ciudadanía.
El caso abre una ventana que convendría no cerrar: ¿Cuántas propiedades han sido registradas de forma irregular bajo su gestión? ¿Quiénes más están involucrados en esta red de encubrimiento? ¿Se revisarán los actos jurídicos autorizados durante su encargo?
Epílogo provisional
Mientras Eduardo José N. permanece en prisión preventiva, su intento de soborno nos recuerda que la corrupción más letal no siempre viene de los grandes contratos o los desfalcos públicos, sino de esos “50 mil pesos” que buscan comprar silencio, detener auditorías o proteger a redes más amplias.
Quizás la verdadera revisión que necesita el Registro Público no es administrativa, sino ética y estructural.
