Caso Accendo: sin impunidad, pero con pasado incómodo
Cuando la justicia se invoca desde el poder, conviene observar no solo las palabras, sino los silencios. El gobernador Alejandro Armenta ha lanzado una señal firme: no habrá encubrimiento en el caso del quebranto por más de 800 millones de pesos en el extinto Banco Accendo, aun cuando los presuntos responsables provengan de su mismo movimiento político. Con ello, ha colocado a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, en el centro de la tormenta legal y mediática.
Pero el caso es más que un expediente financiero. Es también un espejo que exhibe las fisuras de un modelo de gestión pública donde las lealtades partidistas parecieron pesar más que las alertas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo se depositaron cientos de millones en una institución en riesgo, sin que nadie lo cuestionara desde dentro? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué funcionarios callaron?
La administración barbosista, de la cual Castro Corro fue pieza clave, autorizó operaciones de alto riesgo financiero con recursos públicos. Hoy, las investigaciones apuntan a posibles responsabilidades penales y administrativas, pero también a una trama de impunidad acumulada que solo ahora empieza a deshilvanarse, cuando el costo político ya se repartió.
La exhortación del gobernador a la fiscal Idamis Pastor para continuar la investigación es oportuna, pero insuficiente si no se acompaña de transparencia, rendición de cuentas y resultados judiciales concretos. El pueblo de Puebla no necesita más escándalos reciclados, sino justicia efectiva y sanciones ejemplares.
Porque el dinero público no se evapora solo. Y porque el pasado reciente también es responsabilidad del presente.
