Zacatlán: contratos millonarios a empresas
fantasma, domicilios simulados y caminos sin fiscalización
64 millones de pesos a empresas relacionadas
y/o con domicilios simulados sin evidencia de constructoras existentes.
Por José Herrera
Investigación de Rodolfo Herrera Charolet
Durante Los
últimos 8 meses, desde el 15 de octubre de 2024, el municipio serrano de
Zacatlán, Puebla, gobernado por la morenista Beatriz Sánchez Galindo
—esposa y sucesora del exalcalde José Luis Márquez Martínez— quien adjudicó
decenas de millones de pesos en obra pública a constructoras cuya
existencia física y operativa es, en el mejor de los casos, dudosa, sigue
operando con los mismos proveedores y prácticas.
Una
revisión a contratos públicos, visitas a domicilios fiscales, entrevistas en
campo y revisión en plataformas de transparencia revela un patrón alarmante:
empresas sin rastro de operación, con domicilios simulados, adjudicaciones
millonarias sin licitación pública, y obras presuntamente ejecutadas que no
cuentan con bitácoras, planos, ni supervisión técnica verificable.
El caso
Daventy: contratos millonarios y una puerta cerrada
Una de las
beneficiarias de este esquema es Constructora Daventy, S. de R.L. de C.V.,
representada por Luis Alberto Ávalos Vázquez (RFC: CDA210721UD9), que
entre enero y mayo de 2024 fue favorecida con seis contratos que en conjunto
suman $8,312,294.09 pesos, financiados principalmente con recursos
federales del FAISMUN y FORTAMUN.
Pero cuando el equipo de investigación encabezado por Rodolfo Herrera Charolet acudió al domicilio fiscal registrado por Daventy, no encontró maquinaria, oficinas, personal ni rastro alguno de actividad constructiva. Vecinos aseguraron que allí no opera ninguna empresa y que el inmueble lleva años vacío o en construcción. Las fotografías del lugar muestran una fachada sin rotulación, sin vehículos y sin movimiento.
Además de Daventy, otras cinco empresas han sido beneficiadas con contratos
relevantes en el mismo periodo, en muchos casos bajo el mismo patrón:
domicilios simulados, adjudicaciones restringidas y sin evidencia pública de
ejecución de obra.
Constructora
Daventy no está sola. Entre las adjudicatarias recurrentes también figuran Grupo
Reiteach S.A. de C.V., Retza Estudios S.A. de C.V., y Materiales
y Logística del Centro S.A. de C.V., esta última representada por Patricia
Clemente Viveros, con un contrato por $7,927,395.28 pesos para
rehabilitar un área deportiva de 6,901 m² en Tlatempa, sin que se haya
publicado una sola bitácora o evidencia fotográfica de avance.
Contratos a Grupo Reiteach:
- 28/03/2024 – $1,458,080.30 – Rehabilitación en San Lorenzo Tepeixco.
- 30/04/2024 – $958,348.42 – Rehabilitación de camino rural en Eloxochitlán.
- 22/04/2024 – $319,309.24 – Mantenimiento vial en calle Carlos Pacheco.
- 22/04/2024 – $276,877.79 – Cercado perimetral en escuela de Jilotzingo.
Contratos a Retza Estudios:
- 18/04/2024 – $2,980,795.14 – Barda perimetral en panteón de Cuautilulco.
- 15/07/2024 – $2,800,176.76 – Mantenimiento de camino San Miguel Tenango –
Zoquitla.
Las
adjudicaciones bajo el esquema de invitación restringida o asignación
directa, sin licitación abierta, se han convertido en norma. Empresas con
antecedentes compartidos, relaciones familiares, domicilios fantasma o
inactivos y sin experiencia visible en obra pública municipal, son favorecidas
en cascada con contratos millonarios.
La fórmula
se repite:
- Simulación de competencia entre empresas
vinculadas.
- Domicilios fiscales inexistentes o
inhabitados.
- Ausencia de supervisión técnica,
documentación, o transparencia.
- Millones gastados sin evidencia de
impacto.
Además,
algunos contratos fueron adjudicados de forma directa o por invitación
restringida, sin evidencia pública de bitácoras de obra, planos,
fotografías ni dictámenes técnicos. A través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se encontró información obligatoria sobre la
ejecución ni la validación de las obras.
El patrón Cedillo
Un caso
similar es el de ROVIER, relacionada con Margarito Artemio Cedillo
Pacheco y Gustavo Cedillo Garrido, quienes comparten domicilio
fiscal en Huauchinango, Puebla, y han recibido múltiples adjudicaciones
sin que exista constancia de operación real.
Recursos sin fiscalización
Los
contratos analizados se financiaron con el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), que exige a los municipios:
- Proyectos técnicamente viables.
- Bitácoras de obra.
- Supervisión de avances y evaluaciones de
impacto.
Sin
embargo, no existe evidencia de que el Ayuntamiento de Zacatlán haya
cumplido con estos requisitos, ni hay auditorías abiertas por parte de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) o del Congreso local.
Conclusión
La
investigación apunta a un esquema sistemático de simulación de competencia,
adjudicaciones dirigidas, empresas fachadas y uso opaco de recursos públicos.
Todo esto, mientras los caminos siguen sin rehabilitarse, los drenajes
colapsan y las comunidades marginadas de Zacatlán permanecen en el olvido.
"Sin
fiscalización real ni consecuencias administrativas, el municipio se convierte
en un laboratorio perfecto para el desvío silencioso de recursos públicos", concluye Rodolfo Herrera Charolet.
