Xicotepec, sede del esfuerzo estatal por enfrentar la violencia de género
En un estado donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad cotidiana —frecuentemente invisibilizada por instituciones y minimizada por estructuras patriarcales—, el Gobierno de Puebla llevó a cabo en Xicotepec una jornada de capacitación centrada en la construcción de “Rutas de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género”.
La iniciativa, encabezada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y respaldada por la administración de Alejandro Armenta, buscó articular mecanismos de prevención y atención desde los gobiernos municipales. No se trató de una simulación protocolaria. A la convocatoria acudieron funcionarios locales, entre ellos el presidente municipal Carlos Barragán Amador, quien reconoció el papel del estado en llevar estos esfuerzos a las regiones donde, muchas veces, la atención institucional llega tarde —o simplemente no llega—.
Durante la jornada se discutieron temas clave: la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que obliga al sistema de salud a actuar ante casos de violencia familiar y sexual; la entrega de violentómetros, útiles no sólo como herramienta de prevención, sino también como termómetro de una sociedad enferma que naturaliza la agresión; y la coordinación intermunicipal como estrategia para enfrentar un problema estructural.
Participaron especialistas como el Dr. Mario Alberto Mondragón Aguilera, la Psicóloga Rocío Suárez Rocha y la Mtra. Otilia Nape Pineda, quienes ofrecieron formación sustantiva a personal de distintas alcaldías.
Detrás del acto público —de la foto institucional y las declaraciones de rigor—, queda la interrogante de siempre: ¿cuánto se traducirá en acciones efectivas? Por ahora, el gesto no es menor. En tiempos de simulaciones, el simple hecho de poner sobre la mesa el tema de la violencia contra las mujeres, con un enfoque técnico y compromiso regional, es un avance.
Cabe destacar que el Gobierno de Puebla mantiene líneas de atención para mujeres en situación de riesgo: asesoría jurídica al 22 23 60 55 90 y orientación psicológica al 22 23 56 40 20. El reto, sin embargo, va más allá de los teléfonos: se llama justicia, acceso real a derechos y voluntad política sostenida.
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