Restablecer el orden: a favor de la designación de concejos municipales en Ahuazotepec y Cuautempan.
La democracia también exige responsabilidad institucional. Cuando un gobierno local colapsa, cuando los cabildos se desintegran por renuncias masivas o cuando los alcaldes desaparecen dejando tras de sí caos, parálisis o señalamientos penales, el deber de los legisladores no es mirar hacia otro lado, sino actuar con firmeza para garantizar la gobernabilidad.
Por eso, la decisión del Congreso del Estado de Puebla de disolver los ayuntamientos de Ahuazotepec y Cuautempan y designar concejos municipales que gobernarán hasta 2027 es no solo legal, sino necesaria.
Inestabilidad no puede ser la norma
En Ahuazotepec, el abandono del cargo por parte del edil Alfredo Ramírez —alias “La Yerba”— y la renuncia de la mayoría del Cabildo desde el pasado 5 de junio dejaron al municipio sin gobierno funcional. No había quién autorizara pagos, obras, apoyos sociales ni quién respondiera ante la ciudadanía. Esa ausencia no podía prolongarse indefinidamente sin consecuencias.
En Cuautempan, el escenario fue aún más grave: la ausencia prolongada del edil Gerardo Cortés —hoy prófugo—, junto con la salida de casi todos los regidores, generó un vacío político que comenzó a poner en riesgo la seguridad y el acceso a servicios públicos esenciales.
Ambos municipios se encontraban en una situación crítica de ingobernabilidad, y dejar el poder a la deriva solo hubiera profundizado la crisis.
La solución institucional
Ante este escenario, el Congreso actuó conforme a la Ley Orgánica Municipal y a la Constitución local, disolviendo legalmente los ayuntamientos y designando concejos municipales con atribuciones específicas, limitaciones normativas y temporalidad definida. No se trata de gobiernos eternos, sino mecanismos de transición ordenada hasta las siguientes elecciones constitucionales.
Además, los perfiles seleccionados tienen experiencia administrativa o conocimiento territorial, como es el caso de Pedro Luis Cruz Bonilla en Cuautempan —exedil y profesional en administración pública— o José Luis Cuevas Galindo en Ahuazotepec, quien ya fungía como delegado regional de Gobernación y conoce las necesidades sociales de la zona.
Legitimidad por estabilidad
Es válido cuestionar la legitimidad democrática de un concejo que no fue electo en las urnas. Pero es mucho más peligroso sostener gobiernos colapsados solo por cuidar las apariencias del voto. La verdadera legitimidad también proviene del ejercicio ordenado, del servicio público transparente y del restablecimiento del estado de derecho en territorios vulnerables.
En zonas donde el crimen organizado, el abandono institucional o la corrupción han desgastado la confianza ciudadana, es responsabilidad del Estado garantizar que haya gobierno, aunque sea de manera provisional.
Por eso, respaldar la decisión del Congreso no significa aplaudir la crisis, sino valorar la salida ordenada ante un escenario de descomposición. La democracia también se defiende desde la estabilidad.?
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