Reabren tres de los siete verificentros clausurados en Puebla, tras escándalo por anomalías ambientales
PUEBLA.— La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) autorizó la reapertura de tres de los siete verificentros clausurados a principios de año, luego de detectarse múltiples irregularidades técnicas y administrativas que comprometían la integridad del sistema de verificación vehicular en el estado.
Los centros ubicados en Huauchinango, Boulevard Forjadores y Hermanos Serdán han sido los primeros en cumplir con los requerimientos técnicos y normativos exigidos por la autoridad estatal. De acuerdo con la titular de la dependencia, Rebeca Bañuelos Guadarrama, estos establecimientos superaron las revisiones impuestas por la Dirección General de Inspección y Vigilancia, tras haberse encontrado fallas que iban desde la utilización de software y hardware externo no autorizado, hasta la presencia de fugas de gas en los equipos de medición, lo que alteraba los resultados y comprometía la confiabilidad del proceso.
La reapertura ocurre después de una inspección general realizada en los 23 centros de verificación que operan en la entidad. En dicha revisión, ejecutada a inicios de 2025, se determinó la clausura de siete unidades por diversas anomalías operativas, entre ellas el incumplimiento de normas federales de la Profepa, así como falta de personal capacitado.
A pesar del avance en tres de los casos, cuatro centros continúan inhabilitados: Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Huejotzingo y Tehuacán, los cuales no han subsanado las observaciones hechas por la autoridad ambiental, según reconoció la misma Bañuelos Guadarrama. En tanto, el verificentro de San Martín Texmelucan permanece en proceso de revisión final y podría reiniciar operaciones “en los próximos días”, siempre y cuando se acredite el cumplimiento pleno de la normativa.
Este episodio evidencia la fragilidad estructural del sistema de verificación vehicular en Puebla, así como la opacidad técnica y regulatoria bajo la cual operaban numerosos centros autorizados por el propio gobierno estatal. Expertos en temas ambientales han señalado que la manipulación de los resultados de verificación, así como la deficiente supervisión técnica, contribuyen a mantener niveles de contaminación vehicular por encima de los límites permitidos, con consecuencias directas sobre la salud pública.
Aunque las autoridades han insistido en que los tres centros reabiertos ya cumplen con los estándares exigidos, persiste el escepticismo sobre la verdadera efectividad del esquema de verificación, en una entidad donde el ambientalismo institucionalizado suele ser más discurso que política de Estado.
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