Las 26 bodegas ilegales sobre zona Pemex: herencia de impunidad entre Claudia Rivera y Lalo Rivera
Mientras los gobiernos municipales de Morena y el PAN en la capital poblana jugaban al cambio de estafeta, la ilegalidad se enraizaba en los terrenos de la Central de Abasto. Veintiséis bodegas fueron construidas sobre una zona federal restringida —con ductos de Pemex y líneas de alta tensión de CFE por debajo— sin títulos de propiedad ni licencias de construcción. Y ni Claudia Rivera Vivanco ni Eduardo Rivera Pérez hicieron algo por detener el negocio. Al contrario: lo toleraron. Lo encubrieron. Lo perpetuaron.
Hoy, casi seis años después, la administración estatal encabezada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a través del alcalde José "Pepe" Chedraui, tiene no solo la facultad legal sino la responsabilidad política y moral de actuar. Lo que los Rivera ocultaron, este nuevo gobierno puede —y debe— corregir.
Una sociedad de omisiones
Todo comenzó en 2020, cuando el gobierno de Claudia Rivera permitió, en los hechos, que avanzara la construcción de las bodegas. Pese a que en el papel se colocaron sellos de clausura, estos fueron violados sin consecuencias. No hubo denuncias penales, ni detenciones, ni nuevas clausuras. La omisión fue clara. Las estructuras avanzaron sin freno, y con ello el riesgo latente de una tragedia.
Ya para 2021, con la entrada del panista Eduardo Rivera, el problema estaba documentado y resuelto jurídicamente: una sentencia firme ordenaba la demolición de las construcciones ilegales. Sin embargo, en sus tres años de gobierno no se ejecutó. Primero alegaron que había amparos, luego simplemente guardaron silencio. El resultado: las bodegas siguen en pie, operando al margen de la ley.
Las pruebas que ignoraron
Según documentos oficiales revelados por comerciantes y medios, el 22 de diciembre de 2021 ya se había emitido un oficio señalando que el proceso administrativo había causado estado y que debía procederse a la demolición inmediata. El Ayuntamiento tenía cinco días para actuar. No lo hizo.
En agosto de 2022, otro oficio interno urgía a definir fecha de demolición. Tampoco hubo respuesta. A lo largo del trienio panista, el tema se mantuvo congelado, a pesar de contar con resoluciones judiciales a su favor. La complicidad, ahora no solo era con la construcción, sino con su permanencia ilegal.
Los comerciantes de la Central de Abasto no han dejado de insistir: las bodegas no solo invaden un área federal, sino que representan una “bomba de tiempo”. Las instalaciones eléctricas y los ductos de combustible están bajo amenaza permanente, y miles de personas transitan cada día por ese corredor de peligro. La afectación a la actividad comercial también ha sido evidente, pues las nuevas naves han alterado la movilidad, los accesos y la seguridad de la zona.
El 19 de junio de 2025, el Consejo General de la Central de Abasto aprobó por unanimidad solicitar formalmente al Ayuntamiento de Puebla la demolición inmediata de las 26 bodegas. Ya no hay justificación legal que las sostenga. Solo queda la voluntad política.
El actual gobierno estatal tiene una ventaja que no tuvieron sus antecesores: legitimidad jurídica, respaldo ciudadano y claridad moral. No fue parte del pacto de complicidades entre morenistas y panistas. No fue cómplice de los sellos violados ni de las sentencias ignoradas. Tiene, por tanto, la posibilidad histórica de limpiar el rostro de la ciudad y de mostrar que, cuando se quiere, sí se puede gobernar con la ley en la mano.
La demolición de las bodegas ilegales sería un acto de justicia administrativa y un mensaje poderoso contra la corrupción inmobiliaria que ha permeado los gobiernos municipales recientes. Sería también una señal de que el nuevo gobierno no está dispuesto a cargar con las culpas del pasado.
Porque al final, la corrupción no tiene color partidista. Pero la justicia sí tiene quien la exija.
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