Irene Olea y Osvaldo Guzmán: los exediles poblanos bajo proceso penal que evitaron la prisión preventiva.
Dos expresidentes municipales poblanos del periodo 2021-2024 enfrentan procesos penales por delitos graves, aunque ambos lograron evitar la prisión preventiva. Se trata de Irene Olea Torres, exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, vinculada a proceso por intimidar a testigos protegidos en un caso de tortura contra periodistas; y Osvaldo Guzmán González, exedil de Tlacuilotepec, acusado de violencia familiar contra su exesposa, quien además fue presidenta honoraria del DIF municipal.
El caso Irene Olea: encubrimiento, amenazas e impunidad
El nombre de Irene Olea volvió al ojo público tras ser vinculada a proceso por el delito de intimidación en agravio de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR), dentro del expediente por la tortura y agresión sexual cometida contra las periodistas Natalie Hoyos y Michelle López, quienes denunciaron haber sido atacadas por policías municipales en 2023.
Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Olea Torres habría amenazado a testigos clave del caso, advirtiéndoles que perderían su empleo si cooperaban con la FGR. A pesar de la gravedad del señalamiento, el juez de control resolvió que la exfuncionaria enfrentaría su proceso en libertad, con restricciones de contacto hacia las víctimas y testigos.
El juez también ordenó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual se definirán los términos para una posible sentencia. Si se comprueba su culpabilidad, la exedil podría enfrentar entre uno y siete años de prisión, aunque persisten dudas sobre si el caso llegará a una resolución ejemplar o quedará como otro expediente congelado en los tribunales.
Osvaldo Guzmán: violencia de género desde el poder municipal
Por su parte, el exalcalde de Tlacuilotepec, Osvaldo Guzmán, también fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, tras ser denunciado por su exesposa, María del Carmen Paredes Fuentes, quien durante su gestión fungió como presidenta del DIF Municipal.
El proceso penal se formalizó tras una audiencia realizada el pasado 10 de junio en la Casa de Justicia de Huauchinango. En ella, el juez determinó que Guzmán podrá continuar el proceso en libertad, bajo la condición de firmar cada 15 días en el Cereso de Huauchinango.
La carpeta de investigación —identificada con el folio FGEP/CDE/FEIDVGGCM/XICO-I/001493/2025— fue abierta luego de que la víctima acudiera directamente ante el gobernador Alejandro Armenta, quien ordenó activar el mecanismo de atención inmediata a través de la Casa Carmen Serdán.
El caso puso de relieve el uso político del cargo público y la instrumentalización de instituciones municipales por parte de funcionarios que, tras su mandato, buscan escabullirse del brazo de la justicia.
El patrón de la impunidad en Puebla
Ambos casos comparten una constante: a pesar de los delitos graves que se les imputan, ni Irene Olea ni Osvaldo Guzmán fueron sujetos a prisión preventiva. Esta decisión, si bien legalmente sustentada bajo los principios del nuevo sistema penal acusatorio, abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la justicia selectiva en casos de violencia institucional y de género.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿hasta cuándo se tolerará que figuras del poder local violenten, intimiden o encubran delitos sin enfrentar consecuencias reales?
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