Ejecutan a balazos al presidente del agua potable de Santiago Alseseca; Tecamachalco vuelve a teñirse de rojo
Tecamachalco, Puebla.— La violencia no da tregua ni a quienes, desde lo local, intentan administrar lo más elemental: el agua. La tarde de este martes 18 de junio fue ejecutado Alberto Vázquez Morales, de 58 años, presidente del comité de agua potable de la junta auxiliar de Santiago Alseseca, en una zona rural marcada por el abandono institucional y las disputas comunitarias.
El crimen ocurrió a plena luz del día, en un camino vecinal de la colonia El Laurel, cerca de los juzgados auxiliares y del bachillerato de la comunidad. Los vecinos, acostumbrados a las detonaciones en la lejanía, no imaginaron que esta vez se trataría de un líder comunitario, ampliamente conocido por su labor como gestor del suministro hídrico en una región donde el agua escasea y vale más que una promesa electoral.
El agua, el poder, la muerte
Fuentes extraoficiales señalan que Alberto Vázquez había recibido amenazas recientes tras negarse a permitir la conexión irregular de una red paralela de agua en un predio en disputa. Aunque las autoridades no han confirmado esta línea de investigación, en comunidades como Santiago Alseseca, donde los comités del agua sustituyen al Estado en la gestión de los servicios básicos, los intereses cruzados —políticos, agrarios y criminales— están a la orden del día.
La Guardia Nacional, división Caminos, fue la primera en llegar a la escena, donde encontraron a la víctima con múltiples impactos de arma de fuego. El área fue acordonada y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, no hay detenidos ni pronunciamiento oficial del Ayuntamiento de Tecamachalco.
Un municipio con historia sangrienta
La ejecución de Alberto Vázquez no es un hecho aislado. Tecamachalco ha sido escenario recurrente de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos, linchamientos y desapariciones. En los últimos tres años, se ha documentado un repunte en los ataques contra autoridades auxiliares, jueces de paz, líderes agrarios y presidentes de comités de obra o agua potable.
En 2023, dos integrantes del comité de obra pública de Xochimilco fueron emboscados tras denunciar desvíos en la ejecución de recursos federales. En 2024, el juez de paz de La Purísima de Hidalgo fue asesinado tras mediar en un conflicto agrario. En todos los casos, la constante ha sido la impunidad.
¿Quién controla el agua?
En una zona agrícola como la de Tecamachalco, donde el agua es vital para el riego y el uso doméstico, su gestión se ha convertido en moneda de cambio, mecanismo de control y, en muchos casos, botín político. Los comités de agua, aunque reconocidos de facto por los ayuntamientos, operan con pocos recursos, sin protección legal ni respaldo institucional. Si molestan a alguien con poder —económico o de fuego—, quedan solos.
Alberto Vázquez era campesino, pero también gestor, mediador, electricista, plomero y —como muchos en su situación— defensor del bien común sin uniforme. Su muerte deja un vacío en Santiago Alseseca, pero también una advertencia: en Puebla, hasta quienes reparten agua pueden morir por ello.
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