Por José Herrera, con resaca y un cigarro apagado entre los labios
En Zacatlán ya no huele a manzanas. Huele a papeles escondidos, a puertas cerradas, a oficinas donde se cuece lo turbio en termos de café barato. Allí, donde los turistas se toman fotos con los relojes florales, el verdadero tic-tac suena en los pasillos del Ayuntamiento: es el tiempo que se agota antes de que alguien los exhiba por lo que realmente son.
Porque lo que está haciendo el gobierno municipal no es otra cosa que un acto disfrazado de legalidad para escupirle en la cara al derecho de saber. Negarse a proporcionar información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y mandar al ciudadano a “consultar directamente” —como si fuéramos abuelitas pidiendo una receta secreta— es una burla disfrazada de protocolo.
Y no hay justificación. No hay motivación legal. No hay más que la estrategia de siempre: hacer las cosas oscuras para que nadie se atreva a prender la luz.
Esto no es negligencia. Es deliberado. Es una jugada sucia que busca que el ciudadano se canse, que se ahogue en trámites, que se pierda entre pasillos y firmas, y al final, diga “ya para qué”. Porque en Zacatlán, el acceso a la información se convirtió en deporte extremo. Y el árbitro —si es que hay alguno— está dormido o vendido.
Detrás de este teatro de opacidad está el nombre de José Luis Márquez Martínez, ex presidente municipal, diputado reciclado, político de colmillo rancio. El tipo que siempre aparece como sombra en los expedientes que huelen a podredumbre. Durante su gestión en Zacatlán —y después, desde los hilos invisibles que sigue jalando— tejió una red de convenios sospechosos, licitaciones a modo, y obras públicas infladas que se desvanecieron con la neblina.
Porque sí: hubo contratos sin transparencia, empresas fantasma que cobraron sin construir, amigos del poder que se llenaron los bolsillos mientras los pueblos seguían con calles de lodo y techos de lámina. Márquez aprendió bien el arte de desaparecer el dinero sin dejar rastro. Lo que no aprendió es a esconder el olor.
Y ahora, bajo la administración que le sigue —más servicial que crítica—, se protege esa herencia oscura con medidas disfrazadas de legalismo. ¿Consulta directa? ¿En serio? Eso no es consulta. Eso es una trampa. Una artimaña para enterrar la verdad en un archivo polvoriento, bajo llave y vigilancia.
La ley de transparencia en Puebla es clara. Clarísima. Lo que están haciendo es una violación a la norma, pero también una bofetada a la inteligencia ciudadana. Se supone que la información pública es eso: pública. No una limosna que los funcionarios reparten cuando les da la gana.
En Zacatlán la democracia se esconde entre oficios sellados y respuestas que no responden nada. La opacidad no es una falla del sistema. Es el sistema. Y el ciudadano, cansado, termina por creer que eso es lo normal. Que pedir rendición de cuentas es un acto subversivo. Que querer saber en qué se gastaron el presupuesto es una insolencia.
Pero esto no se trata solo de documentos. Se trata de respeto. De una mínima dignidad institucional. De saber si los que gobiernan son servidores públicos o simples rateros con corbata.
Y en Zacatlán, alguien tiene que volver a prender la luz.
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