Robo de 7 millones y 15 tiros: las sombras detrás del asesinato de un guardia en Ciudad Judicial
El cuerpo quedó tendido junto a una de las vialidades principales que rodean Ciudad Judicial, en San Andrés Cholula. Eran las 9:20 de la mañana del lunes 27 de mayo cuando la escena quedó silenciada por el estruendo de más de una docena de balas. Jesús B. R., de 42 años, cayó tras recibir al menos 15 disparos. Iba desarmado y, según las primeras versiones, cargaba con una bolsa que contenía siete millones de pesos en efectivo. En cuestión de segundos, lo mataron y desaparecieron el dinero. El crimen no solo evidenció una ejecución meticulosamente planeada, sino también abrió una serie de interrogantes que las autoridades no han logrado despejar del todo.
Jesús era guardia de seguridad privada. Oficialmente, estaba registrado como elemento activo de la empresa Federal Centimex. Sin embargo, compañeros suyos declararon a los investigadores que laboraba para la firma Lux y que estaba comisionado como escolta de un empresario cuyo nombre no ha sido revelado. La versión de los hechos es, por decir lo menos, confusa. Lo acompañaban otros dos sujetos: Jonathan H. y Carlos Abraham T., identificados como expolicías estatales inactivos. Ambos fueron detenidos momentos después del crimen por presuntamente alterar la escena, y con ellos se aseguraron dos armas calibre 9 mm y ocho cargadores.
Una ejecución planeada
El asesinato fue quirúrgico: ráfagas precisas, sin un solo intento de defensa por parte del escolta. Las autoridades de San Andrés Cholula lo calificaron de entrada como un “ataque directo”, pero poco después emergieron otras líneas de investigación, principalmente la del robo. El móvil más fuerte apunta a que Jesús transportaba una fuerte suma en efectivo, presuntamente propiedad de Centimex. Según reportes oficiales, el dinero desapareció en el momento del crimen.
No está claro si la transacción millonaria fue registrada o por qué un guardia sin respaldo institucional fue asignado para transportarla. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en reserva detalles sobre el origen y el destino del dinero, pero la hipótesis más sólida gira en torno a un robo con información filtrada desde el interior de las empresas de seguridad implicadas.
Compañeros incómodos
Jonathan y Carlos no son simples testigos. Ambos eran policías estatales hasta hace algunos años y figuran en bases de datos internas como “inactivos” desde 2022, tras presuntas irregularidades administrativas. En sus declaraciones iniciales aseguraron ser escoltas privados, pero las armas que portaban no estaban registradas a ninguna corporación y, según fuentes consultadas, el número de serie de al menos una de ellas estaba limado.
Lo más llamativo, sin embargo, es su reacción tras la ejecución: en lugar de resguardar la escena o esperar a la policía, intentaron mover el cuerpo de Jesús y recoger los casquillos percutidos, según videos obtenidos por la FGE y testimonios de comerciantes cercanos. Esto derivó en su inmediata detención bajo cargos de obstrucción de justicia y manipulación de evidencia.
Las preguntas que nadie quiere responder
¿Por qué un guardia sin refuerzo ni chaleco antibalas fue encargado de transportar siete millones de pesos? ¿Quién autorizó ese movimiento? ¿Qué papel jugaban los exagentes que lo acompañaban? ¿Por qué tantas versiones contradictorias sobre la empresa que lo contrató?
La Fiscalía de Puebla no ha emitido comunicado formal que despeje el enredo. Las empresas Lux y Centimex tampoco han respondido a solicitudes de información. Mientras tanto, familiares de Jesús han guardado silencio, en medio del miedo y la confusión. Solo se sabe que vivía en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y que llevaba más de una década trabajando en seguridad privada.
El crimen de Jesús B. R. es, en apariencia, uno más entre tantos asesinatos impunes en el estado. Pero la combinación de dinero en efectivo, violencia quirúrgica, vínculos con cuerpos policiales y empresas de seguridad opacas lo convierten en algo más: una ejecución con tintes de ajuste de cuentas y una posible filtración interna. La Fiscalía investiga. Mientras tanto, en Ciudad Judicial —irónicamente el epicentro de la legalidad poblana— la sombra de los siete millones perdidos sigue ensombreciendo las instituciones que, se supone, deberían esclarecer la verdad.
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