Gobierno de Teziutlán viola suspensión de corridas de toros.
Teziutlán, Puebla - 17 de noviembre de 2024
Grupos animalistas de Puebla, encabezados por la Fundación Patitas Enlodadas y el Movimiento Animalista de Puebla, acusan a la alcaldesa de Teziutlán, Karla Martínez Gallegos, de violar una suspensión definitiva que prohíbe las corridas de toros en el municipio. Esto, tras el anuncio de la reapertura de la Plaza de Toros El Pinal con una corrida programada para el 1 de diciembre.
De acuerdo con los colectivos, dicha suspensión está respaldada por el expediente federal 432/2023, el cual prohíbe cualquier evento taurino en Teziutlán. Pese a ello, el pasado 15 de noviembre, un grupo de empresarios taurinos anunció en rueda de prensa el evento, agradeciendo el respaldo y las facilidades otorgadas por la alcaldesa para su realización.
Comunicado de los animalistas
“Invitamos a la Presidenta Municipal a no dejarse sorprender y a detener el evento taurino, ya que violar una suspensión definitiva es un delito federal, establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que puede conllevar una pena de tres a nueve años de prisión”, manifestó el Movimiento Animalista de Puebla en un comunicado oficial.
El cartel del evento, que ya circula en redes sociales, ha generado indignación entre los defensores de los derechos de los animales. Los activistas también recordaron que la suspensión de las corridas de toros fue aprobada el 15 de marzo de 2023 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de Puebla, luego de resolverse las quejas 85/2023 y 86/2023.
Implicaciones legales
La fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo establece que violar una suspensión definitiva es un delito que acarrea una multa de 50 a 500 días, además de la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para ocupar cargos públicos.
“Apoyar a empresarios taurinos en la realización de un evento prohibido por ley no solo es un acto irresponsable, sino un desafío directo al Estado de derecho”, expresaron los representantes de las organizaciones animalistas.
Presión social y repercusiones políticas
El conflicto ha puesto en el centro de la polémica a Karla Martínez Gallegos, quien podría enfrentar acciones legales y sanciones políticas por su presunto involucramiento en este caso. Por su parte, los grupos animalistas han hecho un llamado a la ciudadanía para denunciar la realización del evento y apoyar el cumplimiento de la suspensión.
