El Colapso
de la Metrópoli y los Cholulas
Basura, baches
y corrupción son problemas comunes en Puebla y los Cholulas
Rodolfo
Herrera Charolet
El enfoque solidario del presidente municipal de Puebla, José Chedraui
Budib, al suscribir contratos para recibir toneladas de basura de varios
municipios conurbados, enfrenta un desafío ambiental significativo que ha sido
heredado tras 28 años de una concesión problemática con la empresa Rellenos
Sanitarios S.A. (RESA) en el relleno sanitario de Chiltepeque, actualmente al
límite de su capacidad. Este relleno, operado por RESA desde los años 90, se ha
convertido en una crisis ambiental y de salud pública debido a una gestión
deficiente, que ha resultado en la saturación de sus celdas y la filtración de
lixiviados hacia el subsuelo, amenazando los mantos acuíferos de la región.
La falta de controles y supervisión, junto con la carencia de políticas
eficaces de reciclaje y reducción de residuos, han intensificado el riesgo
ambiental en Chiltepeque. En un esfuerzo por mitigar esta crisis, el anterior
presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció en junio de 2023 la
instalación de una nueva planta de reciclaje operada por Promotora Ambiental de
la Laguna S.A. de C.V. (PASA) en el Parque Industrial de La Resurrección.
Inaugurada en septiembre de ese año, esta planta comenzó procesando con una
capacidad de 250 toneladas anuales de residuos inorgánicos, con planes de
aumentar a 500 toneladas en el segundo año y 750 toneladas en el tercero.
La iniciativa buscaba extender la vida útil de Chiltepeque en al menos 15
años, implementando además tecnologías para la generación de biogás y el
reciclaje. Sin embargo, la situación se ha vuelto más compleja tras el cierre
del tiradero de San Pedro Cholula, que ha desviado miles de toneladas
adicionales hacia Chiltepeque, poniendo en duda la efectividad y sostenibilidad
de los esfuerzos gubernamentales para enfrentar este problema ambiental de
larga data.
Además de mejoras estructurales, se requiere reducir drásticamente el
volumen de residuos que ingresan al relleno, un reto que implica cambiar la
cultura de manejo de desechos en Puebla. Este caso son consecuencia de la
gestión ambiental negligente y la urgencia de una intervención efectiva y
transparente para mitigar el daño que se acumula diariamente.
Baches y el deterioro
permanente de las calles
El problema de los baches en la ciudad de Puebla se remonta a décadas
atrás y ha persistido a pesar de múltiples esfuerzos y promesas de distintos
gobiernos municipales. Ya en la época del alcalde Victoriano Álvarez García,
sucesor del presidente municipal Jorge Murad Macluf, el deterioro de las calles
era un tema evidente. Las administraciones siguientes recurrieron continuamente
a programas “emergentes” de bacheo, utilizando recursos públicos para intentar
resolver el problema, aunque en muchos casos estas iniciativas resultaron
insuficientes o, peor aún, terminaron siendo aprovechadas para actos de
corrupción.
Una práctica común era justificar el gasto en obra pública utilizando
material fotográfico de trabajos anteriores, con lo que se simulaba una
reparación de calles que en realidad no se llevaba a cabo, contribuyendo al
deterioro progresivo de la infraestructura vial. Esta forma de gestión y
manipulación de los recursos destinados al bacheo no solo alimentó la
desconfianza ciudadana, sino que se convirtió en un modelo de corrupción
replicado por otras administraciones municipales, que aprovecharon la opacidad
en el manejo de estos recursos.
En otros casos, el "bacheo" se limitaba a esparcir una capa de
riego de impregnación, conocido popularmente como chapopote, sobre las calles,
seguido de gravilla. Esta técnica, aunque aparentemente rápida y económica, ha
demostrado ser ineficaz a largo plazo, pues las calles reparadas con esta
mezcla suelen regresar a su estado deteriorado en poco tiempo, especialmente
con las lluvias. Un ejemplo reciente de esta práctica ocurrió en San Pedro
Cholula, donde se realizaron trabajos de este tipo en la calle 16 Oriente,
entre la 8 y 10 Norte, y en otras arterias; sin embargo, los baches
reaparecieron rápidamente, lo que generó malestar entre los habitantes y dudas
sobre la calidad de las reparaciones.
Hoy en día, el problema de los baches en Puebla sigue siendo un símbolo
del rezago en infraestructura y una demanda constante de los ciudadanos,
quienes exigen soluciones efectivas y duraderas. Las condiciones de la red vial
no solo afectan la movilidad, sino también la seguridad y el bienestar de los
habitantes, sin contar los costos adicionales para los conductores que ven
afectados sus vehículos por el mal estado de las calles. Aunque se han
implementado campañas de bacheo en distintas administraciones, el problema
requiere de un enfoque integral, que incluya mejores materiales, supervisión
rigurosa y políticas de transparencia para evitar la corrupción y asegurar que
el dinero destinado realmente se traduzca en mejoras en la infraestructura
urbana.
Para enfrentar este reto, es esencial que el gobierno municipal adopte
nuevas tecnologías en la construcción y reparación de pavimentos y garantice
una adecuada planeación urbana. Solo así se podrán evitar los parches
temporales que, en lugar de solucionar el problema, solo lo postergan, dejando
a las siguientes administraciones y a la ciudadanía con las mismas quejas y
necesidades de siempre.
San Andrés Cholula rumbo a la joya de la corona.
San Andrés Cholula ha experimentado una transformación notable, pasando
de ser un modesto pueblo con establos y calles polvorientas a una ciudad
dinámica, marcada por un fuerte desarrollo inmobiliario y millonarias
inversiones en infraestructura que le han generado un superávit fiscal en
ingresos propios. Este crecimiento ha sido impulsado en gran medida por una
alta recaudación de impuestos derivados del predial, permisos de construcción,
licencias y servicios, además de otros ingresos fiscales. Gracias a estos
recursos, San Andrés Cholula se perfila como un municipio clave en la región,
similar al desarrollo urbano que han experimentado Garza García en Nuevo León o
San Pedro Tlaquepaque en Jalisco.
El municipio ha atraído amplias inversiones inmobiliarias que han sido
capitalizadas por empresarios a través del desarrollo de complejos
residenciales y arquitectónicos de alto valor. Este desarrollo ha elevado el
precio de la tierra y, con ello, los ingresos fiscales en forma de impuestos,
derechos y licencias. La ventaja adicional de San Andrés Cholula es su baja
densidad poblacional, lo que permite que la recaudación per cápita sea elevada
y que estos recursos puedan ser manejados por las autoridades municipales sin
una presión significativa por parte de la ciudadanía, y en un entorno donde los
organismos fiscalizadores muestran ineficacia en la supervisión.
El auge del sector inmobiliario y el incremento en centros comerciales
han sido los principales motores de esta bonanza económica. Sin embargo, la
inversión pública en infraestructura básica sigue siendo limitada, pues los
nuevos desarrollos suelen estar “llave en mano,” es decir, incluyen servicios
básicos desde su construcción. Esto deja a la administración municipal con un
reto de gran relevancia: la seguridad pública, que sigue siendo un área poco
atendida a pesar del crecimiento urbano y la creciente demanda de los
residentes, la cual se puede medir con los datos que publica la Fiscalía
General del Estado en la incidencia delictiva en dicha demarcación territorial.
A medida que San Andrés Cholula sigue expandiéndose y se consolida como
un polo de desarrollo en la región, es crucial que la administración en turno
impulse políticas de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos
públicos, asegurando que el crecimiento económico se traduzca en una mejor
calidad de vida para todos sus habitantes. La planificación urbana sostenible,
el fortalecimiento de la seguridad pública y la mejora en los servicios básicos
deben ser prioridad para evitar que el rápido crecimiento termine por superar
la capacidad de respuesta del gobierno municipal.
Conclusión:
Después de esbozar los problemas, es posible afirmar que el principal
desafío a enfrentar es la corrupción que persiste al interior de las
administraciones municipales. Esta ha logrado encontrar los caminos y las
tácticas necesarias para enriquecerse a costa del erario público, aprovechando
las oportunidades que el ejercicio del poder les brinda. En este contexto, el
poder legislativo debe intensificar sus mecanismos de fiscalización y, en su
caso, crear nuevos marcos normativos que limiten la discrecionalidad en el
manejo del gasto público, evitando que este sea utilizado con fines personales
o para beneficio de unos pocos. La transparencia y la rendición de cuentas
deben ser principios fundamentales en la gestión pública, y el fortalecimiento
de las instituciones encargadas de supervisar el uso de los recursos será clave
para erradicar prácticas corruptas que afectan el bienestar colectivo.
¿O no lo cree usted?
