Diputados estudian la posibilidad de aumentar penas por colusión bancaria

La escalada contra la colusión bancaria: el proceso legislativo que endurece penas por asaltos orquestadosEn el entramado de la seguridad financiera que define las dinámicas urbanas de Puebla, el proceso contra los asaltos a cuentahabientes se inicia con el reconocimiento de una tendencia alarmante, donde la capital del estado ha registrado una serie de robos violentos en las últimas semanas, muchos de ellos clasificados como autorrobos planeados que involucran a insiders del sector bancario, permitiendo a delincuentes acceder a botines que oscilan entre cientos de miles y millones de pesos mediante la filtración de información sensible sobre salidas de sucursales o montos retirados. Este fenómeno, que erosiona la confianza en las instituciones financieras y expone vulnerabilidades sistémicas, impulsa al Poder Legislativo estatal a activar mecanismos de respuesta inmediata, centrándose en la colusión como eje central, donde empleados o ex empleados bancarios facilitan operaciones delictivas a cambio de beneficios ilícitos, transformando transacciones cotidianas en trampas calculadas que afectan a familias y comercios por igual. La detección de estos patrones, a través de investigaciones preliminares y reportes ciudadanos, marca el primer paso hacia una reforma punitiva que no sólo castigue al ejecutor externo, sino que desmantele las redes internas que perpetúan el ciclo de impunidad. ***Avanzando en este trayecto normativo, el núcleo del proceso radica en la propuesta impulsada por el presidente del Congreso local, quien, ante la recurrencia de estos incidentes, aboga por la elevación de las penas aplicables a los coludidos bancarios, trasladándose al fuero estatal para un enjuiciamiento más ágil y severo, en contraste con las sanciones federales actuales que a menudo se diluyen en burocracias prolongadas. Esta iniciativa, que busca tipificar la traición interna como agravante penal, contempla incrementos significativos en las condenas —de los rangos variables de dos a ocho años por fraude o asociación delictiva, hacia mínimos de diez años con agravantes por cuantía económica—, incorporando además multas equivalentes al doble del perjuicio causado y la inhabilitación perpetua para cargos en el sector financiero, todo ello con el fin de disuadir la complicidad que ha facilitado al menos una docena de casos documentados en Puebla durante el último trimestre. La articulación de esta medida se nutre de consultas con autoridades financieras y fiscales, asegurando que el marco legal se alinee con códigos penales existentes, mientras se prioriza la recolección de evidencias digitales y testimoniales para fortalecer los expedientes judiciales en fases subsiguientes. ***Extendiendo este impulso correctivo, el proceso culmina en una fase de implementación híbrida que combina la reforma legislativa con protocolos preventivos inmediatos, como la promoción de escoltas policiales voluntarias para usuarios al abandonar sucursales, un mecanismo que ya opera en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y que reduce en un 40% la incidencia en zonas de alto riesgo según evaluaciones iniciales. Una vez aprobada la iniciativa en sesiones extraordinarias del Congreso, se prevé su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor inmediata, seguida de campañas de sensibilización dirigidas a empleados bancarios sobre los riesgos penales elevados y capacitaciones para gerentes en detección de anomalías, cerrando así el ciclo con un monitoreo anual de efectividad que ajuste penas según la evolución delictiva. En esencia, este endurecimiento no solo responde a la urgencia poblana, sino que establece un precedente para el país, reconfigurando la ecuación entre conveniencia criminal y costo personal, y restaurando gradualmente la integridad del ecosistema bancario en un contexto de creciente digitalización y exposición. ***04 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa ***Redacción