La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, no es la única y tal vez tampoco la última, señalada de presunto plagio en un documento escolar; en los últimos cinco años, algunos funcionarios públicos y personajes políticos de Puebla también han sido acusados por supuestamente haber falsificado documentos relacionados a su nivel de estudios y comprar títulos profesionales.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, el ex gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que su administración habría presentado un total de 26 denuncias por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones en su modalidad de beneficio a particulares y asociación delictuosa.
Lo anterior al denunciar presuntos títulos profesionales apócrifos otorgados por el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) aparentemente a favor de personajes ligados a la administración morenovallista.
Entre algunos personajes señalados se encuentran el ex candidato a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde, Jorge Roberto Ruíz Esparza Orduño a quien supuestamente se le otorgó su cédula profesional en Derecho.
Otro de los supuestos beneficiados habría sido su hijo, Xavier Ruíz Esparza del Cerro a quien se le dio el título de estudios correspondientes al bachillerato.
A la lista también se suma la actual presidenta municipal de San Andrés Cholula, Paola Elizabeth Angón Silva, del Partido Acción Nacional (PAN), titulada en Derecho.
Así mismo, José Gerardo Javier Islas Hernández, padre del ex diputado local Gerardo Islas Maldonado habría sido beneficiado con el título profesional en Periodismo.
Además de Jesús Christian Giles Carmona, exdirigente estatal del PAN, supuestamente beneficiado con un título en Derecho.
Por estos hechos, el 6 de octubre de 2021 fue detenido Milton Javier Fregoso Escalera, quien fuera director del Iedep durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018).
Fregoso Escalera fue señalado por supuestamente haber expedido títulos falsos durante su gestión al frente del Iedep por lo que permanece recluido en el Centro de Reincersion Social (Cereso) de San Miguel de la ciudad de Puebla.
Gobernador Barbosa ejerció como abogado sin titularse
Otro caso similar es el del ex gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, finado el pasado 13 de diciembre, quien en 2019 obtuvo su título profesional en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública federal el exmandatario poblano obtuvo su cédula profesional con número 11653251 en 2019.
A pesar de ello, Barbosa Huerta se ostentaba como abogado e incluso ejerció dicha profesión antes de recibir dicho documento, pues en 1987 se presentó como apoderado legal de su padre en el juicio 1045/987 en el que se disputaron unos terrenos.
Juez ejerce con documentos falsos
A su vez, otros exfuncionarios también ejercieron como profesionales del Derecho aunque supuestamente contaban con documentos falsos.
Es el caso de José Refugio Alejandro León Flores quien habría falsificado su cédula profesional para ser aceptado en mayo de 1989 como juez del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Puebla.
León Flores estudió Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y presentó su examen profesional en 1987, sin embargo, no concluyó su titulación.
Fue hasta septiembre de 2018 cuando el juez obtuvo su título profesional, por lo que trabajó sin acreditación en el Tribunal Superior del Poder Judicial durante un lapso de 28 años.
¿Cuál es la sanción por falsificar documentos?
De acuerdo con el Código Penal federal, la falsificación de documentos se considera un delito cuando se cause algún perjuicio a la persona, al estado o se intente obtener algún beneficio con ellos.
En consecuencia, la sanción penal puede ser de seis meses a siete años de prisión si se trata de documentos privados, mientras que, en el caso de documentos públicos, la pena puede alcanzar de cuatro a 12 años de prisión.
