La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la NaciĂłn (SCJN), YasmĂn Esquivel, no es la Ăşnica y tal vez tampoco la Ăşltima, señalada de presunto plagio en un documento escolar; en los Ăşltimos cinco años, algunos funcionarios pĂşblicos y personajes polĂticos de Puebla tambiĂ©n han sido acusados por supuestamente haber falsificado documentos relacionados a su nivel de estudios y comprar tĂtulos profesionales.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, el ex gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señalĂł que su administraciĂłn habrĂa presentado un total de 26 denuncias por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones en su modalidad de beneficio a particulares y asociaciĂłn delictuosa.
Lo anterior al denunciar presuntos tĂtulos profesionales apĂłcrifos otorgados por el Instituto de EducaciĂłn Digital del Estado de Puebla (IEDEP) aparentemente a favor de personajes ligados a la administraciĂłn morenovallista.
Entre algunos personajes señalados se encuentran el ex candidato a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde, Jorge Roberto RuĂz Esparza Orduño a quien supuestamente se le otorgĂł su cĂ©dula profesional en Derecho.
Otro de los supuestos beneficiados habrĂa sido su hijo, Xavier RuĂz Esparza del Cerro a quien se le dio el tĂtulo de estudios correspondientes al bachillerato.
A la lista también se suma la actual presidenta municipal de San Andrés Cholula, Paola Elizabeth Angón Silva, del Partido Acción Nacional (PAN), titulada en Derecho.
AsĂ mismo, JosĂ© Gerardo Javier Islas Hernández, padre del ex diputado local Gerardo Islas Maldonado habrĂa sido beneficiado con el tĂtulo profesional en Periodismo.
Además de JesĂşs Christian Giles Carmona, exdirigente estatal del PAN, supuestamente beneficiado con un tĂtulo en Derecho.
Por estos hechos, el 6 de octubre de 2021 fue detenido Milton Javier Fregoso Escalera, quien fuera director del Iedep durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018).
Fregoso Escalera fue señalado por supuestamente haber expedido tĂtulos falsos durante su gestiĂłn al frente del Iedep por lo que permanece recluido en el Centro de Reincersion Social (Cereso) de San Miguel de la ciudad de Puebla.
Gobernador Barbosa ejerciĂł como abogado sin titularse
Otro caso similar es el del ex gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, finado el pasado 13 de diciembre, quien en 2019 obtuvo su tĂtulo profesional en Derecho por parte de la Universidad Nacional AutĂłnoma de MĂ©xico (UNAM).
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la SecretarĂa de EducaciĂłn PĂşblica federal el exmandatario poblano obtuvo su cĂ©dula profesional con nĂşmero 11653251 en 2019.
A pesar de ello, Barbosa Huerta se ostentaba como abogado e incluso ejerciĂł dicha profesiĂłn antes de recibir dicho documento, pues en 1987 se presentĂł como apoderado legal de su padre en el juicio 1045/987 en el que se disputaron unos terrenos.
Juez ejerce con documentos falsos
A su vez, otros exfuncionarios también ejercieron como profesionales del Derecho aunque supuestamente contaban con documentos falsos.
Es el caso de JosĂ© Refugio Alejandro LeĂłn Flores quien habrĂa falsificado su cĂ©dula profesional para ser aceptado en mayo de 1989 como juez del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado de Puebla.
León Flores estudió Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y presentó su examen profesional en 1987, sin embargo, no concluyó su titulación.
Fue hasta septiembre de 2018 cuando el juez obtuvo su tĂtulo profesional, por lo que trabajĂł sin acreditaciĂłn en el Tribunal Superior del Poder Judicial durante un lapso de 28 años.
¿Cuál es la sanciĂłn por falsificar documentos?
De acuerdo con el CĂłdigo Penal federal, la falsificaciĂłn de documentos se considera un delito cuando se cause algĂşn perjuicio a la persona, al estado o se intente obtener algĂşn beneficio con ellos.
En consecuencia, la sanción penal puede ser de seis meses a siete años de prisión si se trata de documentos privados, mientras que, en el caso de documentos públicos, la pena puede alcanzar de cuatro a 12 años de prisión.