Estudiantes que en Puebla quieren cursar una carrera profesional del área de la Salud y aquellos que buscan titularse de Medicina y no pueden hacerlo por tener incompletas sus prácticas de servicio social de doce meses continuos.
El problema afecta a unos 10 mil estudiantes que buscarían inscribirse en alguna de las 14 licenciaturas y maestrías vinculadas al área de la salud que ofertan en Puebla unas ochenta instituciones particulares y que no han podido renovar o actualizar sus Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior (RVOE) ante la Federación.
Por disposición del gobierno federal, con base en el artículo 113 fracción X de la Ley General de Educación, todas las universidades e instituciones que ofrecen programas académicos del área de la salud, como medicina, estomatología, enfermería, psicología, nutrición, fisioterapia, veterinaria y trabajo social, entre otros, deben operar con RVOEs autorizados por la SEP federal.
El gobierno del estado a través de Mauricio Mateo Chino, jefe del Departamento de RVOEs de la SEP, ha girado oficios a los directivos de las distintas universidades particulares de Puebla advirtiéndoles que no pueden admitir alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2022-2023 si no han tramitado y obtenido su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Federación.
Y éstos han respondido con quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, oficios donde alegan que no han podido obtener los permisos federales debido al rezago de más de dos años que registra la SEP federal y porque la ventanilla única que se abrió en Puebla para atenderlos ha estado en receso por la pandemia o por vacaciones, y con amparos en contra de la decisión de Mateo Chino de dejar sin efectos los RVOEs locales y de prohibirles la inscripción de alumnos, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades del país donde las instituciones de educación superior si están captando alumnos para el ciclo escolar 2022-2023 a pesar de tampoco contar con RVOEs federales.Esta situación tiene en la incertidumbre a unos 10 mil alumnos que difícilmente podrán ingresar a la BUAP o que tampoco cuentan con los recursos económicos suficientes para inscribirse en alguna de las instituciones del llamado Consorcio Universitario como la UPAEP, la UDLAP, la IBERO y la Anáhuac que ya operan con RVOEs federales o por decreto presidencial.
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