El gobierno de Eduardo Rivera Pérez pagó dos millones 394 mil pesos al despacho Aguilar Sierra y Asociados para que se hicieran cargo de la controversia en contra del Congreso del Estado y el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que rechazaron que el Ayuntamiento de Puebla cobrará el DAP; con esta contratación quedó en evidencia que el presidente no confía en la síndico Municipal, Guadalupe Arrubarrena García.
El gobierno municipal fiel a su costumbre contrató de manera directa a dicha empresa de la cual es apoderada general Lucia Gabriela Olvera Espínola, la cual se hará cargo del servicio de asesoría, consultoría, tramite y defensa legal especializada para tomar decisiones que le sean asignadas a la Sindicatura Municipal para la disputa constitucional respecto del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
De acuerdo con el contrato Aguilar Sierra y Asociados comenzó a laborar con el Ayuntamiento de Puebla desde el pasado 1 de febrero, por lo que dos días después presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia con la cual el alcalde, Eduardo Rivera quiere sí o sí obtener el cobro por el Alumbrado Público.
