El juez federal instruyó al recién nombrado subsecretario de Centros Penitenciarios, Jorge Pérez Melchor, supervise que la directora del Cereso de Puebla, efectivamente tome acciones para frenar estos delitos.
Al resolver el juicio de amparo 1024/2021, el juzgador federal ordenó a la directora del penal de San Miguel poner a disposición de la Fiscalía General del Estado el teléfono usado por José Ruperto y que la celda de éste sea objeto de dos revisiones externas por mes, al igual que los custodios encargados de su vigilancia, para evitar la introducción de objetos prohibidos a este centro penitenciario.
Resulta relevante que entre los 34 reos peligrosos del penal de San Miguel que fueron reubicados a los Ceferesos de Chiapas, Durango y Oaxaca y a centros penitenciarios de Michoacán y Veracruz, no se haya incluido a José Ruperto Hernández.
El juez también instruyó que las autoridades del penal hagan lo conducente para que a este sentenciado se le reubique en un sitio donde sea objeto de vigilancia y supervisión constantes.
El 20 de marzo de 2020 el Juez Federal de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla dictó sentencia condenatoria de 60 años de Prisión, 10 años por el delito de delincuencia organizada y 50 años por el delito de secuestro, en contra de tres secuestradores; José Ruperto Hernández Pérez, Miguel Ángel Montiel Cruz y Nicanor Martínez Gayosso, además a los tres sentenciados se les impusieron 250 días de multa por el primer delito y 400 mil días por el segundo.
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) expusieron al Juzgador los elementos de prueba para que se dictara dicha sentencia.
José Ruperto Hernández Pérez, Miguel Ángel Montiel Cruz y Nicanor Martínez Gayosso, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y posteriormente el MPF de la SEIDO obtuvo la vinculación a proceso.
Los tres sentenciados son responsables de privar de su libertad a una persona en el estado de Puebla en el año 2017.
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