Fauna Política
Auditor en la mira
Por
Rodolfo Herrera Charolet
La defensa que hace Romero Serrano para mantenerse en el cargo que
protestó en el año 2019 y se supone que debería durar 7 años, se da en
desventaja, puesto que la independencia de poderes es mero formulismo, en la
realidad la sumisión del poder legislativa y judicial hacia el ejecutivo ha sido una costumbre, que data
desde la creación de la república. Así que no resulta extraño, que los
empleados oficiosos del gobernante en turno, pasen a las cámaras o a los
juzgados o de estos al poder legislativo, sin mayor recato que cambiarse de corbata,
chamarra o vestido, para portar los colores partidistas de quien gobierna en
ese momento.
Si bien la separación de poderes debe ser una norma en las democracias,
a nivel nacional como local, todo indica que esa separación de poderes es más
una separación de funciones. la separación de poderes se encuentra en el nivel
más alto de la democracia y los sistemas de gobierno, en donde cada poder tiene
una función específica, soberana e independiente. La separación de funciones es
similar a la de poderes, pero ésta únicamente ocurre dentro de un mismo poder,
por ser una actividad de organización funcional.
Entonces el poder legislativo “determinó” que hubiera un auditor,
independiente en sus decisiones a fin de fiscalizar las cuentas públicas,
inclusive las del propio poder que le dio esa facultad. Su duración de siete
años no es ociosa, esta se deriva de la importancia que tiene el de mantener su
independencia y sobre todo garantizar que sus decisiones no estén sometidas a
un poder, a fin de cumplir con un ordenamiento de transparencia, honestidad y
desempeño público.
¿Cuál es entonces la razón de cambiar al auditor de la Auditoría
Superior del Estado?
¿Acaso encontró fallas en el ejercicio presupuestal del gobierno del
Estado?
¿Acaso no conviene a los intereses del gobernante en turno?
¿Se pretende ocultar fallas en el ejercicio presupuestal de municipios
“amigos” del gobernador?
Cualquiera que sea el motivo por el cual, ahora Romero Serrano es
considerado persona “Non Grata” para el gobierno del Estado, todo indica una
estrepitosa caída con algunas estrategias legislativas y artimañas jurídicas
para destituirlo.
Veremos entonces, modificación de normas, filtraciones y componendas que
se ventilarán en la prensa, de un lado la llamada “chayotera” y de otro la “independiente”
o sin convenio de “comunicación social”, para crear un ambiente de linchamiento
en contra de la futura víctima.
En esta dinámica en proceso Romero Serrano, en su recurso 20/2022, que
interpuesto ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, denunció
tortura psicológica sistemática y su “inminente detención arbitraria” por parte
del gobierno de Puebla, que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, la Consejería
Jurídica del estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Estatal de
Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Como uno de los artilugios ya utilizados, para desprestigiar a la
víctima, fue la supuesta denuncia de violencia familiar que habría cometido en
contra de su esposa, así como la filtración descarada del hecho. El resultado
ya se conoce, no existía dicha denuncia, al menos no la presentó su esposa y
todo indica que se trataba de “dichos” y supuestamente fue presentada por un
“elemento policiaco”.
No obstante la andanada jurídica en contra del auditor, la Comisión de
Derechos Humanos (CDH) del estado “guardó silencio” ante la queja presentada
por la esposa de la víctima por el “sufrimiento mental” que provocaron las
notas periodísticas.
Romero Serrano señaló que las declaraciones del gobernador emitidas los
días 22 y 23 de diciembre de 2021, donde le advirtió que “no habría impunidad”
en su caso, le causaron agravio a sus derechos humanos y a su integridad
psicológica.
El día 21 de diciembre de 2021 la Jueza de Oralidad Penal de la Región
Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, giró una orden de aprehensión en
su contra por violencia familiar dentro de la causa penal 631/2021/CHOLULA,
dijo que la filtración de la misma lo está afectando de manera personal y
directa. Aun cuando en un principio fue negada la suspensión en su juicio de
amparo, pero tras presentar un recurso de queja con número 12/2022, el 19 de
enero el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró fundado su recurso
y dio vista al Ministerio Público Federal, para que “proceda a la investigación
correspondiente de manera independiente, imparcial y meticulosa respecto a las
manifestaciones de tortura psicológica”. Tras la resolución del magistrado
federal, el auditor obtuvo la suspensión de oficio que impide la ejecución de
cualquier mandato de tortura en su contra o, en su caso, cesar de inmediato
cualquier acto de este tipo que se esté realizando, por parte de los
demandados.
Sin embargo, como en el beisbol, el gobierno del Estado, apenas había
fallado su primer lanzamiento y el pasado miércoles 2 de febrero Romero Serrano
denunció públicamente al gobierno de Barbosa Huerta de iniciar una estrategia
en su contra para sabotear su trabajo de fiscalización y también acusó ser objeto
de una persecución política, saliendo a relucir nombres ya conocidos que se
dice, forman parte de la mafia del poder.
Creo que, por el bien de la república y sus gobernantes, que debe
regresar la cordura al mandamás en
turno, evitando a toda costa, utilizar recursos públicos o acciones en un
complot contra el auditor.
¿O
no lo cree usted?
