Fauna Política
La UDLAP rehén de una alianza perversa
Por Rodolfo Herrera Charolet
Franklin D. Roosevelt dijo “En
política, nada ocurre por casualidad…” y he constatado que tiene razón, aquí un
ejemplo.
El gobernador de Puebla Miguel
Barbosa Huerta y Roberto Gil Zuarth fueron diputados y senadores por lista y no
fueron electos a esos cargos por mayoría relativa, bastó el voto a un partido
para que llegaran a ocupar una curul, tanto en la cámara de diputados como de
senadores. Ambos
coincidieron en la cámara alta del 2012 al 2018, Barbosa fungió como presidente de la mesa
directiva del senado del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 y Gil
Zuarth lo sucedió en el cargo de 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de
2016. El primero por el PRD el segundo por el PAN. Ambos fueron aliados en el
2010, para la elección Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador del Estado de
Puebla.
En el año 2011 Gil Zuarth fue
secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa y coordinador de
la precampaña de Josefina Vázquez Mota a la presidencia de la república,
posteriormente de la campaña presidencial.
En las declaraciones de Froylán
Gracia Galicia, hombre de confianza de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex,
Roberto Gil Zuarth fue señalado junto a Francisco García Cabeza de Vaca y
Felipe de Jesús Cantú, como algunos de los miembros del partido Acción Nacional
que presionó para obtener contratos energéticos a cambio de no boicotear la
aprobación de la mencionada reforma. En aquella trama bochornosa para muchos
políticos de la fauna mexicana, fue incluido el ahora gobernador Miguel Barbosa
Huerta, como integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática
y coordinador parlamentario, acusado de vender su voto en favor de la reforma
energética, por 100 mil dólares y el otorgamiento de un cargo para su hermano; aun
cuando ha negado dicha componenda.
El semanario Proceso publicó
recientemente un reportaje que evidencia la intervención del gobierno de Puebla
en el enfrentamiento legal que sostienen los herederos del millonario William
O. Jenkins, así como los diversos intereses de funcionarios del gobierno
federal, como del gobernador poblano. Dicho diferendo sigue una estrategia presumiblemente
elaborada por la firma de abogados de Roberto Gil Zuarth, mediante la cual se
pretende despojar a los herederos de la administración de un patrimonio
superior a los 720 millones de dólares (14 mil millones de pesos), en el que se
incluye el campus universitario de la UDLAP.
La argucia legal y uso de la fuerza
pública en perjuicio de más de 10 mil personas, entre estudiantes, académicos y
personal administrativo. Impulsada por el gobernador poblano, presuntamente en
cumplimiento de órdenes judiciales, obedece a una estrategia que habría
recibido del despacho de Gil Zuarth y que opera con el nombre de Accuracy Legal
& Consulting.
La intensión de remover al patronato
legalmente constituido es la administración del patrimonio de la Fundación Mary
Street Jenkins creada por el magnate en el año 1954 y de esta forma controlar
los más de 720 millones de dólares. En dicho patrimonio están incluidos los 18
inmuebles, acciones de tres empresas, un helicóptero, pinturas, esculturas,
obras de arte, mobiliario y automóviles.
Fuentes confiables proporcionaron a
Proceso, información de la existencia de un documento de 35 cuartillas, que el
despacho de Gil Zuarth entregó al gobierno de Puebla; en ella se detalla "la serie de procedimientos y actos
administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del
Patronato" y lograr la "investigación
y recuperación internacional de activos".
En mayo del mismo año la periodista
Gabriela Hemández reportó en Proceso los vínculos entre Gil Zuarth y Barbosa Huerta,
en el campo energético, puesto que fue contratado como "asesor" en
materia energética para diseñar y presentar un "Modelo de Federalismo
Energético Sustentable para Puebla".
Accuracy es el mismo despacho
mediante el cual Gil Zuarth lleva la defensa jurídica del gobernador de
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, (también ex compañero
senador y de bancada); acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de
delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y
defraudación fiscal equiparada con base en una denuncia por enriquecimiento
ilícito por más de 951 millones de pesos. Fungen como abogados; Gil Zuarth y
sus socios Carlos Lezama Fernández del Campo, Roberto Juárez Salinas, Gonzalo
José Bolio Benítez y el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury -actualmente
encarcelado; Manuel Gerardo MacFarland González, designado delegado del Poder
Legislativo en aquella entidad; el abogado Julio Eder Silva Hernández fue
designado director de Comunicación Social. La firma ha recibido 14 millones de
pesos del erario, mediante contratos adjudicados de manera directa, por
"asesoría legal", según una investigación de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF). Entre las promociones legales que ha encauzado
la firma, está la oposición a la reforma energética impulsda por el presidente
de la república.
En Puebla, la estrategia que Gil
Zuarth ofreció a Barbosa se inició durante la gestión del panista Rafael Moreno
Valle en Puebla, con la aprobación de una ley que reformó la Junta para el
Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla,
institución utilizada en el despojo a la Fundación.
La defensa de Gil Zuarth del triunfo
de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle en los comicios de 2018, ante el
tribunal electoral, que concluyó con la ratificación de su triunfo, pone en
duda la lealtad de Barbosa con el presidente de la república y la 4T y resulta
inexplicable la relación profesional y de negocios que mantiene el gobierno de
Puebla.
Sin duda la UDLAP es rehén de una
alianza perversa.
¿O no lo cree usted?