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Persa Motors es incluido en diligencias tras captura de “El Amarillo”
4 de septiembre de 2026
Simón Ahued y Javier Perich fueron relacionados públicamente con Persa Motors después de que el establecimiento fuera incluido en las diligencias efectuadas tras la captura de Govén Ulises N., identificado también como “El Amarillo” o “El Gobén”. El detenido es señalado como presunto dirigente de una célula vinculada con “Los Rusos”. La intervención del negocio ocurrió como parte de las acciones realizadas en distintos inmuebles de la zona de Angelópolis. Hasta el momento, el cateo no acredita por sí mismo la responsabilidad penal de los propietarios, administradores, trabajadores o personas relacionadas con el establecimiento.
Persa Motors ha sido vinculado públicamente con actividades del sector automotriz y con contenido difundido en redes sociales sobre vehículos de alta gama. Simón Ahued y Javier Perich también han mantenido presencia en espacios relacionados con automóviles, arrancones y eventos de velocidad realizados en Puebla, particularmente en la zona de la Vía Atlixcáyotl. La mención de ambos deriva de su relación pública con el establecimiento intervenido, pero la información disponible no precisa su participación jurídica dentro de la empresa ni informa sobre órdenes de aprehensión, imputaciones o procesos penales iniciados en su contra. La situación legal de cada persona deberá determinarse mediante las actuaciones ministeriales correspondientes.
Las diligencias también comprendieron la agencia de vehículos Dimont, ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl, donde las autoridades revisaron automóviles de alta gama y documentación. Amadeo Felipe Lara Terrón aparece relacionado con esa empresa como apoderado legal. Las investigaciones derivadas de la captura de Govén Ulises N. permanecen abiertas y abarcan negocios, vehículos e inmuebles que las autoridades consideran relevantes para establecer posibles conexiones con el entorno del detenido. La inclusión de Persa Motors y Dimont dentro de una misma operación no demuestra que exista una relación delictiva entre sus representantes ni confirma la comisión de delitos. Las autoridades federales y ministeriales deberán informar los resultados de los cateos, la situación de los bienes revisados y, en su caso, las responsabilidades individuales sustentadas en pruebas.
