José Benjamín Chow del Campo

 

 

Puebla no negocia tierra a ciegas: pide poderes vigentes, no membretes ni socios de hace dos décadasLa administración de Alejandro Armenta reafirma el filtro documental ante propuestas de inversión. Una relación societaria histórica no acredita representación actual ni justifica ceder predios públicos.Puebla, Pue., 20 de septiembre de 2026.— El Gobierno del Estado de Puebla sostiene un criterio invariable: el suelo público, los incentivos y los polos de desarrollo no se entregan por narrativa internacional ni por sociedades constituidas hace veinte años. Se entregan, si acaso, cuando el interlocutor acredita a quién representa hoy, con qué capital opera y qué empresa responde por el proyecto.

Ese estándar explica la decisión de no autorizar la cesión de tierra a partir de una propuesta presentada como inversión de Vessel Housing. La propia empresa negó después tener relación comercial, de inversión o de proyecto en México con el interlocutor que gestionó el predio. Ante ese deslinde, Puebla no tenía expediente de representación. 

Tenía un nombre y una solicitud. No basta.

El Estado no investiga biografías: exige cadena documental

Quien pide hectáreas del patrimonio poblano debe exhibir poder vigente, acta, folio y proyecto técnico. No un currículum de comercio México-Asia ni el recuerdo de una sociedad de 2005.Existe información pública, reportada por medios y registros mercantiles, de una relación societaria histórica entre Simón Levy Dabbah y José Benjamín Chow del Campo en Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V., constituida en 2005 con objeto de intermediación comercial entre América Latina y Asia. Levy ha declarado que esa sociedad y otra del mismo grupo se disolvieron años después y que rompió el vínculo cuando su entonces socio ingresó al negocio de casinos. 

Esa es su versión. Lo que el Registro Público sí permite afirmar, con prudencia, es que existió coincidencia societaria en el pasado. Lo que no permite afirmar es que esa coincidencia equivalga, en 2025-2026, a un mandato para pedir tierra en Puebla a nombre de Vessel Housing o de cualquier otra firma extranjera.Una sociedad disuelta no otorga facultades actuales. Un socio de hace dos décadas no es, por ese solo hecho, apoderado de una planta industrial. Confundir ambas cosas es precisamente el atajo que esta administración rechaza.Sanciones administrativas no se convierten en sentencia, ni el membrete sustituye al poder

En abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) y a dos establecimientos de entretenimiento asociados, bajo su régimen de sanciones. Se trata de una determinación administrativa estadounidense sobre esas entidades. No es, por sí misma, una sentencia penal mexicana contra particulares, ni un expediente que Puebla esté llamado a resolver.

Lo que sí corresponde al Gobierno del Estado es una lectura institucional: cuando un interlocutor pide predios públicos invocando cadenas de inversión, trading o representación internacional, la autoridad debe exigir papeles actuales y deslindar con nitidez entre:

• sociedades históricas;
• sociedades vigentes;
• facultades de administración o apoderamiento;
• meras coincidencias de nombre en búsquedas registrales.

La captura de folios mercantiles no prueba, por sí sola, que una persona controle todas las razones sociales que aparecen en una consulta. Pretender lo contrario sería tan irregular como entregar tierra sin acta. Puebla no hará ni lo uno ni lo otro.Vessel Housing negó el vínculo; el Gobierno no entregó el predioEl hecho administrativo que importa en esta entidad es acotado y verificable:

1. Se presentó una gestión para obtener tierra con el argumento de instalar una planta.
2. Se pidió documentación técnica y de representación.
3. Vessel Housing negó ser representada por quien promovió el proyecto y negó haber considerado invertir en Puebla.
4. No hubo convenio de cesión de predio estatal.

Eso no es “cerrar Puebla a la inversión”. Es impedir que un relato de puente comercial —por visible que haya sido en otros años— sustituya a un poder notarial y a un expediente de inversión.Sobre la visa del gobernador: sin notificación oficial no hay hecho institucionalEl Gobierno del Estado reitera que el gobernador Alejandro Armenta Mier no ha recibido oficio consular ni comunicación formal de autoridad estadounidense que notifique retiro o cancelación de visa. 

Las decisiones migratorias corresponden a Estados Unidos. Las decisiones sobre tierra poblana corresponden a Puebla. En ambos terrenos rige la misma regla: el documento oficial, no el mensaje en redes.

Posicionamiento

Puebla da la bienvenida a inversionistas que acrediten empresa, capital, proyecto y representación. No da la bienvenida a atajos.

• Sin poder vigente, no hay interlocutor acreditado.
• Sin empresa que reconozca el vínculo, no hay planta.
• Sin oficio consular, no hay cancelación notificada al Estado.
• Una sociedad de 2005 no autoriza una hectárea en 2026.

El gobernador Alejandro Armenta Mier mantiene el criterio de legalidad en San José Chiapa y en el resto de los polos de desarrollo: la tierra de las y los poblanos no se negocia con membretes. Se resguarda con expedientes.