Investigan a autoridades de Tlaola por granja de criptomonedas
15 de septiembre de 2026
La localización de una instalación dedicada a la minería de criptomonedas en Tlaola abrió una investigación sobre la posible responsabilidad por acción u omisión de autoridades municipales, entre ellas Simón Garrido Morgado y miembros de la corporación policial. Francisco Sánchez González informó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar la propiedad del inmueble, identificar a quienes operaban los equipos y establecer si servidores públicos conocían las actividades desarrolladas en el lugar. La apertura de estas diligencias no implica que se haya acreditado responsabilidad penal o administrativa contra alguna persona.
La intervención inicial permitió localizar alrededor de 300 equipos de cómputo; sin embargo, una revisión posterior elevó el inventario a mil 32 dispositivos destinados presuntamente al procesamiento de activos digitales. También fueron asegurados 95 equipos de conexión, cinco transformadores, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cableado y otros componentes. Las autoridades investigan si la instalación utilizaba conexiones irregulares a la red eléctrica y si los recursos digitales obtenidos pudieron ser empleados para ocultar dinero de procedencia ilícita. La minería de criptomonedas no está prohibida por sí misma, por lo que las indagatorias se concentran en el origen de la infraestructura, el suministro energético y las operaciones financieras vinculadas.
El caso se incorpora a la revisión de las condiciones de seguridad en Tlaola, donde Ángel Miguel Garrido fue detenido en junio de 2026 durante investigaciones relacionadas con actividades ilícitas en la Sierra Norte. Las autoridades también analizan una posible relación entre la instalación informática y un laboratorio localizado previamente en la región, aunque esa conexión todavía debe ser demostrada. La Secretaría de Seguridad Pública señaló que los gobiernos municipales habían recibido ofrecimientos de respaldo para denunciar amenazas o hechos delictivos. La investigación deberá establecer si la magnitud de la operación podía ser desconocida por las autoridades locales, quién era propietario o poseedor del predio y si existieron omisiones, protección institucional o participación directa. Hasta que concluyan las diligencias y exista una resolución judicial, los señalamientos conservan carácter de hipótesis de investigación.
