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Puebla desmiente “primicia” de visa y deja a Simón Levy-Dabbah con el mismo expediente de siempre: un terreno que no le dieron y una prueba que no aparece
Puebla.— El empresario y exfuncionario federal Simón Levy-Dabbah volvió a ocupar titulares no por una inversión inaugurada, ni por un documento consular, sino por un tuit. El 13 de septiembre de 2026 anunció, con la seguridad de quien ya no necesita evidencias, que Estados Unidos le había cancelado la visa al gobernador Alejandro Armenta Mier. El Gobierno de Puebla respondió con lo único que, hasta ahora, existe en el expediente público: no hay notificación. Ni del Departamento de Estado, ni de la Embajada, ni de un sobre misterioso llegado a Palacio de Gobierno.
Armenta lo resumió sin teatro: no ha recibido aviso alguno y su prioridad sigue siendo Puebla. Quienes esperaban un escándalo diplomático tuvieron que conformarse con un comunicado institucional. Quienes esperaban una fotocopia del visado cancelado, también.
La “primicia” de Levy llegó, conviene recordarlo, sin sello, sin oficio y sin autoridad estadounidense que la confirme. En política eso suele llamarse rumor. En redes, noticia. En San José Chiapa, según el gabinete poblano, se llama otra cosa: resentimiento por un predio que no se entregó.
El adelanto que no adelantó nada
Levy escribió que le habían “quitado la visa” a Armenta. El gobierno estatal precisó que el otorgamiento o retiro de ese documento es facultad exclusiva de Washington y que cualquier especulación no altera el trabajo con la comunidad migrante: unos 3.5 millones de poblanos en Estados Unidos, el cuarto contingente nacional. García Parra incluso mencionó una invitación protocolaria de la Embajada para finales de septiembre. Extraña forma de “desvisar” a alguien: mandarle tarjeta.
El último viaje conocido del gobernador a territorio estadounidense fue en octubre de 2025, a Nueva Jersey, por una emergencia familiar. El Estado dijo que no se usaron recursos públicos. Desde entonces, lo que ha circulado no es un acto consular, sino la voz de un empresario con cuentas pendientes en Puebla.
Armenta, por su parte, dijo no conocer personalmente a Levy y rechazó el intento de pegarle a su administración la etiqueta de “narco gobierno”. Una etiqueta cómoda, sobre todo cuando no se acompaña de un papel membretado.
El perfil del denunciante
Levy-Dabbah no es un ciudadano anónimo que tropieza con un secreto de Estado. Fue director de ProCDMX con Miguel Ángel Mancera y, por unos meses, subsecretario de Planeación Turística al inicio del gobierno de López Obrador. Renunció en abril de 2019. Su especialidad pública ha sido tender puentes con Asia… y, de cuando en cuando, explicar por qué esos puentes no llegan a construirse.
En Puebla el puente tenía nombre de planta industrial y dirección en San José Chiapa. Según el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, Levy se presentó ante Sedetra como representante y socio de Vessel Housing —antes también se habló de BD Max Internacional Holdings— y pidió tierra estatal para una inversión que sonaba ambiciosa: decenas de hectáreas, planta, empleos, el catálogo completo. Cuando le pidieron documentos, dice el gobierno, el inversionista se esfumó. Meses después reapareció en redes para denunciar que le habían exigido un millón de dólares. La secuencia es elocuente: primero el predio, luego el silencio, después la denuncia, ahora la visa.
El golpe de gracia no lo dio Palacio de Gobierno. Lo dio la propia Vessel Housing, al negar que Levy fuera su representante o socio y al descartar un proyecto de planta en México. Resulta difícil “robarse la tierra de los poblanos”, como lo formuló García Parra, a nombre de una empresa que no lo reconoce. Más difícil aún presentar esa frustración como servicio de inteligencia migratoria.
En 2025, el entonces secretario Víctor Gabriel Chedraui sí reconoció que hubo gestiones formales y observaciones al proyecto, incluso un predio de alrededor de 128 hectáreas. Nadie ha negado que Levy intentó hacer negocios en Puebla. Lo que el gobierno niega es que el Estado estuviera obligado a regalar suelo a un proyecto que no acreditó. Armenta, de hecho, ha hecho de esa negativa una política: recuperar la práctica de administraciones anteriores que donaban terrenos a “inversionistas” que nunca instalaban nada y luego querían vender el predio.
San José Chiapa no es un solar olvidado. Es el corazón del Polo de Desarrollo para el Bienestar. Ahí el gobierno no está improvisando un favor personal; está administrando tierra pública. Que a Levy no le haya alcanzado el argumento para llevársela no convierte a Armenta en un desvisado. Convierte a Levy en un gestor decepcionado con megáfono.
Lo acreditado, y lo que Levy aún debe
Hay tres hechos firmes. Uno: Levy afirmó la cancelación de la visa y no mostró prueba oficial. Dos: Puebla y Armenta niegan haber recibido notificación y recuerdan que la decisión, de existir, correspondería solo a Estados Unidos. Tres: el mismo denunciante gestionó tierra en San José Chiapa, no la obtuvo, acusó extorsión y, cuando el conflicto ya no le rindió predio, descubrió de pronto una vocación de analista consular.
La duda que sí pesa sobre el texto —y sobre Levy— es sencilla: si tenía en la mano un acto de autoridad estadounidense, ¿por qué el país se enteró por una cuenta de X y no por Washington? Si representaba a una empresa china lista para invertir, ¿por qué la empresa lo desconoció? Si el gobierno poblano le exigió un millón de dólares, ¿dónde está la denuncia formal, el depósito, el interlocutor, el papel?
Mientras esas respuestas no aparezcan, el gobernador sigue en su escritorio y el empresario sigue en su relato. Uno administra un estado. El otro administra insinuaciones. Y en materia de visas, hasta nuevo aviso de la única autoridad competente, la versión que existe no es la de Levy-Dabbah: es la de un gobierno que dice no haber recibido nada y de un denunciante que, otra vez, pide que le crean por adelantado.
