Habitantes de Santa María La Alta rompen diálogo en Tlacotepec y amenazan con bloqueo carretero
Habitantes de la junta auxiliar de Santa María La Alta, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, rompieron el diálogo con las autoridades municipales tras no alcanzar acuerdos sobre el reconocimiento del número de habitantes de la comunidad. Los inconformes indican que esta cifra afecta el monto de las participaciones federales que reciben y la asignación de obra pública. Según los manifestantes, el registro oficial mantiene solo mil 22 habitantes, mientras que la población real asciende a 7 mil 812 personas.
Alberto Dolores Flores, uno de los participantes en las protestas, explicó que la única exigencia consiste en la corrección de ese dato poblacional, ya que de ello dependen los recursos correspondientes a la junta auxiliar. Desde la mañana del lunes, los pobladores tomaron la presidencia municipal para impedir el ingreso y salida de funcionarios. Durante la reunión sostenida esa tarde con integrantes del Cabildo, las autoridades municipales respondieron que no está en sus facultades reconocer la cifra propuesta y que no firmarían ningún documento bajo presión.
Ante la falta de acuerdos, los manifestantes mantuvieron tomada la presidencia municipal durante la madrugada y la mañana de este martes. Pese a la presencia de autoridades estatales como mediadoras, no se logró una solución al conflicto. Los inconformes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, alrededor de las 9:00 horas de este martes podrían bloquear la carretera federal 150 México–Veracruz, a la altura del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Indicaron que la protesta podría extenderse por varios días si persiste la situación.
El caso refleja tensiones recurrentes en juntas auxiliares respecto a la actualización de padrones poblacionales y su impacto en la distribución de recursos. La corrección de datos censales se presenta como un elemento central en la asignación de presupuestos municipales y estatales. Las autoridades locales han señalado límites en sus atribuciones para modificar registros oficiales, lo que ha derivado en la interrupción del diálogo. El posible bloqueo carretero representa una medida de presión que podría afectar la circulación en una vía federal de importancia para la conectividad regional.
Hasta el momento, no se ha reportado una resolución al conflicto, y los habitantes mantienen su postura de exigir la revisión del número de habitantes para ajustar las participaciones correspondientes. Este tipo de disputas suele resolverse mediante mesas de negociación con instancias estatales o federales competentes en materia de planeación demográfica y financiera.
Alberto Dolores Flores, uno de los participantes en las protestas, explicó que la única exigencia consiste en la corrección de ese dato poblacional, ya que de ello dependen los recursos correspondientes a la junta auxiliar. Desde la mañana del lunes, los pobladores tomaron la presidencia municipal para impedir el ingreso y salida de funcionarios. Durante la reunión sostenida esa tarde con integrantes del Cabildo, las autoridades municipales respondieron que no está en sus facultades reconocer la cifra propuesta y que no firmarían ningún documento bajo presión.
Ante la falta de acuerdos, los manifestantes mantuvieron tomada la presidencia municipal durante la madrugada y la mañana de este martes. Pese a la presencia de autoridades estatales como mediadoras, no se logró una solución al conflicto. Los inconformes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, alrededor de las 9:00 horas de este martes podrían bloquear la carretera federal 150 México–Veracruz, a la altura del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Indicaron que la protesta podría extenderse por varios días si persiste la situación.
El caso refleja tensiones recurrentes en juntas auxiliares respecto a la actualización de padrones poblacionales y su impacto en la distribución de recursos. La corrección de datos censales se presenta como un elemento central en la asignación de presupuestos municipales y estatales. Las autoridades locales han señalado límites en sus atribuciones para modificar registros oficiales, lo que ha derivado en la interrupción del diálogo. El posible bloqueo carretero representa una medida de presión que podría afectar la circulación en una vía federal de importancia para la conectividad regional.
Hasta el momento, no se ha reportado una resolución al conflicto, y los habitantes mantienen su postura de exigir la revisión del número de habitantes para ajustar las participaciones correspondientes. Este tipo de disputas suele resolverse mediante mesas de negociación con instancias estatales o federales competentes en materia de planeación demográfica y financiera.
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