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Presunto daño patrimonial en Servicios de Salud de Puebla

  Presunto daño patrimonial en Servicios de Salud de Puebla


La Auditoría Superior del Estado emitió un pliego de observaciones a los Servicios de Salud del Estado de Puebla por irregularidades detectadas en tres contratos celebrados durante el ejercicio fiscal 2024. El monto del presunto daño patrimonial asciende a 147 millones 876 mil 2.27 pesos. Estas observaciones corresponden al último año de la administración estatal encabezada por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cuyo mandato concluyó el 13 de diciembre de 2024. 
En ese periodo, la Secretaría de Salud estuvo a cargo de Araceli Soria Córdoba, quien asumió el cargo el 31 de julio de 2023 en sustitución de José Antonio Martínez García. La auditoría financiera y de cumplimiento practicada a los Servicios de Salud del Estado de Puebla determinó este pliego como el único de su tipo en el ejercicio revisado. Las irregularidades se originaron en la ausencia de la totalidad de la evidencia documental que acreditara la entrega de bienes y servicios conforme a las especificaciones técnicas establecidas en cada contrato.
Los tres contratos observados involucran servicios esenciales para la atención médica en el estado. El primero, identificado como SSEP/DSG/GESAL-037-040/016/2024, se adjudicó a Grupo Clínico de la Hoz & Crystal, S.A. de C.V., para la prestación del servicio integral de banco de sangre, con un monto de 97 millones 44 mil 273.26 pesos. 
El segundo, SSEP/DSG/GESAL-022-032/004/2024, fue asignado a Pharma Tycsa, S.A. de C.V., para el servicio integral de preparación de mezclas oncológicas, por 28 millones 255 mil 94.42 pesos. El tercero, SSEP/DSG/GESAL-021-031/003/2024, también adjudicado a Pharma Tycsa, S.A. de C.V., correspondió al servicio de preparación de mezclas e insumos de nutrición parenteral, con un valor de 22 millones 576 mil 634.59 pesos. 
En el caso del contrato del banco de sangre se detectaron discrepancias en las fechas de elaboración de actas de presentación de documentos, apertura de propuestas y fallo, las cuales no coincidieron con las establecidas en las bases de licitación. Para los dos contratos con Pharma Tycsa, los Servicios de Salud del Estado de Puebla no presentaron la documentación completa requerida en los anexos técnicos correspondientes, lo que impidió acreditar el cumplimiento integral de las especificaciones pactadas.
Una vez notificados del pliego de observaciones, los Servicios de Salud del Estado de Puebla cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación comprobatoria, aclaraciones y elementos de descargo que consideren pertinentes. La Auditoría Superior del Estado analizará la información aportada para determinar si las observaciones se solventan, se rectifican o se ratifican. 
En caso de que persistan las irregularidades, se iniciará el procedimiento técnico jurídico previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2024, en el que la auditoría evaluó el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Puebla, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El pliego de observaciones se limita exclusivamente a los Servicios de Salud del Estado de Puebla y no forma parte de otras dependencias revisadas en el mismo ejercicio fiscal.
El procedimiento de fiscalización sigue su curso ordinario sin que hasta el momento se haya emitido una resolución definitiva sobre la existencia o no de daño patrimonial. Los contratos observados corresponden a prestaciones críticas para el sistema de salud estatal, como el suministro de sangre, la preparación de tratamientos oncológicos y la nutrición parenteral para pacientes hospitalizados. 
La información disponible indica que se trata de una observación específica dentro de la auditoría practicada a la entidad, y que el resto de las revisiones a los Servicios de Salud del Estado de Puebla no generaron pliegos adicionales de este tipo. El desarrollo de este caso permitirá conocer si las irregularidades documentales se resuelven mediante la entrega de evidencia pendiente o si derivan en responsabilidades administrativas para los servidores públicos involucrados en la celebración y supervisión de los contratos durante el año 2024.