Una habitante del municipio de Venustiano Carranza, identificada como Ivone, presentó una denuncia formal en contra de Jorge Luis Magaña Cuervo, elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Según el testimonio proporcionado, el agente exigió el pago de 500 mil pesos en efectivo a cambio de modificar una carpeta de investigación que, de acuerdo con la afectada, fue inventada.El señalamiento involucra supuestos delitos de distribución y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, así como narcomenudeo, vinculados a la propiedad conocida como Rancho Casa Blanca, ubicada en la zona. El agente citó a la víctima en la oficina regional de la Fiscalía en "La Uno", donde presentó la carpeta y amenazó con despojar de sus propiedades a ella y a su familia en caso de no cumplir con el pago requerido.El modus operandi descrito incluye la generación de temor mediante acusaciones falsas, la fijación de una cantidad económica específica y la promesa de alterar el expediente para clasificar a la denunciante como ama de casa sin relación con actividades ilícitas. Se indicó que prácticas similares se habrían aplicado a conductores de pipas de gas que distribuyen cilindros en la región.La situación escaló la noche del 10 de febrero, cuando el agente, presuntamente bajo los efectos del alcohol, interceptó a Ivone y a su esposo a la altura de una tienda Elektra en la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas. Un vehículo sospechoso siguió a la pareja, y el conductor fue identificado como Jorge Luis Magaña Cuervo. Utilizando códigos policiales, intentó obligarlos a detenerse y bajar a la mujer del vehículo por la fuerza, con el aparente propósito de concretar una privación ilegal de la libertad. La intervención telefónica de abogados y la resistencia de la pareja impidieron que el incidente avanzara.Ivone reportó vivir en estado de incertidumbre y temor constante. La denuncia se interpuso ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la institución. La afectada hizo responsable a la Fiscalía General del Estado de Puebla por cualquier atentado contra su integridad física o la de su familia, y solicitó que se investiguen y sancionen las conductas denunciadas sin encubrimientos. El caso se encuentra en proceso de atención interna por parte de la dependencia.
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