Gasto millonario en propaganda municipal
En apenas 75 días, entre el 17 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, presidido por Eliseo Morales Rosales, erogó 863 mil 235 pesos en servicios de transmisión y difusión del quehacer gubernamental, recursos públicos canalizados mediante adjudicaciones directas aprobadas por el Comité de Adquisiciones.
Esta modalidad, aunque legal en circunstancias excepcionales, se aplicó de manera generalizada sin que los dictámenes incluyeran estudios de mercado, comparativos de precios o justificaciones técnicas detalladas que explicaran la elección de los proveedores, lo que levanta serias interrogantes sobre la transparencia y el uso eficiente de los fondos municipales en un contexto de presuntas campañas de desprestigio denunciadas por el propio alcalde.Beneficiarios concentrados y vínculos familiares
El gasto se distribuyó entre 14 proveedores, predominantemente personas físicas asociadas a medios locales y una empresa de servicios editoriales, varios de los cuales carecen de formación profesional en comunicación o periodismo y no representan medios formalmente constituidos. Los montos más altos recayeron en Natalia López Solano, con 185 mil 600 pesos —madre de la directora de Sicom Noticias, Natalia Hoyos—; Patricia Pedraza Flores, con 159 mil 600 pesos; Paola Carolina Ayala Cedillo, con 87 mil pesos —hija de Noé Ayala, ex asesor cañero ligado a la CNPR presidida por Morales—; así como Araceli Zapata Calero y José Luis Moctezuma Torralba, con 75 mil pesos cada uno. El resto osciló entre 6 mil y 58 mil pesos, todos bajo el concepto genérico de difusión por radio e internet, equivalentes a un promedio diario de 11 mil 510 pesos.Ausencia total de métricas y controles
Los expedientes carecen por completo de indicadores de impacto, como alcance de audiencia, frecuencia de transmisiones, duración de campañas o mecanismos de evaluación que midan la eficacia del gasto. Tampoco se establecen lineamientos editoriales ni controles para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de neutralidad, objetividad y prohibición de promoción personalizada, previstos en el artículo 134 de la Constitución y la Ley General de Comunicación Social. Esta opacidad adquiere un matiz particularmente preocupante al coincidir con las reiteradas denuncias del presidente municipal sobre una supuesta campaña de desprestigio impulsada por medios y páginas críticas locales, lo que sugiere que parte de estos pagos podrían haber buscado acallar voces disidentes ante señalamientos de malos y deficientes manejos en los recursos públicos, en lugar de fortalecer una comunicación institucional genuina
