El ciclo de la impunidad: Giovanni González Vieyra, el exalcalde que salió libre... solo para ser recapturado a metros del penalPuebla, 10 de diciembre de 2025 – En un guión que parece extraído de las novelas de Mario Puzo, pero ambientado en los polvorientos corredores del poder municipal poblano, Giovanni González Vieyra, el controvertido exalcalde de Tlachichuca, pisó suelo libre este miércoles por la mañana. Un fallo de un tribunal colegiado le concedió la libertad provisional vía amparo, liberándose de las rejas del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tepexi de Rodríguez, donde había languidecido nueve meses bajo el peso de acusaciones que van desde el encubrimiento por receptación hasta presuntos nexos con el crimen organizado. Pero la euforia duró lo que un suspiro: a escasos metros de la puerta del penal, agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción lo interceptaron de nuevo, esperándolo ante los ojos atónitos de sus simpatizantes. ¿Persecución política o la justicia que por fin cierra el círculo? En el Valle de Serdán, donde la familia González Vieyra ha tejido una red de caciques que se remonta a dos décadas, la línea entre el delito y la victimización es tan borrosa como el polvo que levanta un convoy de la Guardia Nacional.
El episodio, grabado en videos que circulan como reguero de pólvora en redes sociales, desató un caos digno de un western mexicano: empujones entre policías estatales y un puñado de leales al ex edil, que blandían carteles con lemas como "Justicia para Giovanni" y "El pueblo no olvida". Uno de los clips, compartido por reporteros locales, muestra a González Vieyra, con el rostro demacrado pero la mandíbula firme, agitando su "hoja de liberación" como un estandarte de resistencia, mientras un convoy de patrullas lo arrastra de vuelta al encierro. "Esto es una farsa, una venganza del morenovallismo que nos persigue desde que nos alineamos con Movimiento Ciudadano", habría gritado uno de sus defensores, según testigos en el lugar. Pero las autoridades, mudas como esfinges, no soltaron prenda: la nueva orden de aprehensión, emitida por la Fiscalía Anticorrupción, alude a irregularidades financieras en su gestión municipal, un expediente que huele a los 41.4 millones de pesos en observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las cuentas públicas de 2023 de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma –municipios que los hermanos González Vieyra gobernaron como feudos hereditarios.
Para entender este vaivén judicial, hay que retroceder al fatídico 7 de marzo de 2025, cuando el sol apenas despuntaba sobre el Valle de Serdán y un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército y la Guardia Nacional irrumpió en las propiedades de la familia González Vieyra. Giovanni, su hermano Uruviel –alcalde de Ciudad Serdán– y su padre Ramiro Margarito, ex munícipe de San Nicolás Buenos Aires, fueron esposados en un rancho de Chalchicomula de Sesma. El botín: armas largas de uso exclusivo del Ejército, dosis de narcóticos y un aviario de aves exóticas que, según la FGE, servía de fachada para operaciones ilícitas. Giovanni, en particular, fue imputado por encubrimiento por receptación –el delito de acopiar mercancía robada, un cargo que evoca las sombras de los huachicoleros y las redes de extorsión que asfixian la economía regional–. Uruviel y Ramiro enfrentaron lo suyo: secuestro y extorsión, delitos que la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión (FEISE) vinculó a una investigación federal que amenazaba con escalar a la Fiscalía General de la República (FGR).
La detención no fue un rayo en cielo sereno; era el clímax de una saga familiar que huele a corrupción enquistada. Los González Vieyra, oriundos de esta cuenca agrícola donde el maíz y el frijol se entremezclan con rumores de "derecho de piso", han monopolizado el poder local desde los albores del siglo. Ramiro, el patriarca, rotó por el PRI en los 90 y 2000, allanando el camino para que sus vástagos –Uruviel, Giovanni y Ramiro junior– escalaran en la escalera municipal. En 2021, por ejemplo, Uruviel fue señalado por desviar más de 60 millones de pesos en Tlachichuca, un caso que se diluyó en el limbo de las impugnaciones. La ASE, en su revisión de 2023, desnudó el festín: 37.5 millones en Chalchicomula por contrataciones irregulares y extracciones de efectivo sin comprobantes; el resto en Tlachichuca, donde Giovanni supuestamente despacha desde un despacho adornado con fotos de familia y promesas electorales. "Eran los reyes del valle", me confidenció un exfuncionario local que prefirió el anonimato, "financiaban campañas, compraban lealtades y, cuando convenía, saltaban de partido en partido. Del PRI al MC, sin pestañear".
El apoyo popular no se hizo esperar. Apenas 48 horas después de las detenciones, un centenar de pobladores de Ciudad Serdán y Tlachichuca accedió el Congreso de Puebla, bloqueando accesos con lonas que clamaban "Libertad para Uruviel" y "Giovanni inocente". En Tlachichuca, casas y comercios se tiñeron de pancartas: "Chalchicomula te apoya", "El pueblo no te abandona". Las redes sociales ardieron con hashtags como #LibertadParaGiovanni, sincronizando protestas locales con marchas en la capital. Movimiento Ciudadano (MC), el partido que los catapultó a la reelección en 2024, se lavó las manos de inmediato: "Nos deslindamos", fue su tibio comunicado, mientras la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, reiteraba que el Legislativo no mete las narices en procesos penales. El gobernador Alejandro Armenta, desde su oficina en Casa Aguayo, fue tajante: "No hay negociación con la ley. Que paguen lo que deban".
Pero el telón de fondo es más turbio. Fuentes federales, que pedí reserva para no quemar puentes, susurran sobre posibles lazos con La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el resurgir del viejo cártel michoacano que, bajo los hermanos Hurtado Olascoaga –"El Pez" y "La Fresa"–, ha extendido tentáculos de extorsión a Puebla y el centro del país. La LNFM, heredera de la pseudo-religiosa Familia Michoacana de Nazario Moreno "El Chayo", no trafica solo droga: impone cuotas a avicultores, huachicoleros y hasta a campañas electorales. En el Valle de Serdán, donde el robo de carga y el narco agricultura son moneda corriente, los González Vieyra habrían sido el puente perfecto: alcaldes que miran para otro lado a cambio de "aportes". No hay pruebas irrefutables en el expediente público –la FGR aún no atrae el caso–, pero el arsenal decomisado y las aves exóticas evocan las fachadas que el cártel usa en Guerrero y el Estado de México para lavar dinero. "Es el modelo michoacano importado: caciques locales que protegen la plaza", analiza un experto en seguridad que ha seguido el caso desde marzo.
En julio, un amparo previo les dio un respiro ilusorio: la Segob, a cargo de Samuel Aguilar Pala, lo rechazó de plano. "Tienen más temas pendientes", declaró el funcionario, aludiendo a la maraña de procesos que incluye abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Uruviel y Ramiro siguen en Tepexi; Giovanni, ahora de nuevo tras las rejas, enfrenta una audiencia intermedia que podría durar meses. Sus suplentes –Rafael Brenes Nepomuceno en Ciudad Serdán e Iván Ortega Muñoz en Tlachichuca– juramentaron en marzo, pero el fantasma de los hermanos persiste: "Sin ellos, el valle se desangra", dice un ranchero local, mitad queja, mitad amenaza.
Este nuevo capítulo en Tepexi no es solo un tropiezo judicial; es un espejo de la Puebla post-Moreno Valle, donde el cambio prometido por Morena choca con cacicazgos enquistados y un crimen organizado que se disfraza de política. Mientras González Vieyra regresa al encierro, el Valle de Serdán contiene el aliento: ¿Será esta la vez que la justicia rompa el ciclo, o sólo otro round en la eterna danza de la impunidad?
Las calles de Tlachichuca, con sus carteles descoloridos, parecen apostar por lo segundo. Pero en México, como sabemos, la apuesta siempre está trucada.
El episodio, grabado en videos que circulan como reguero de pólvora en redes sociales, desató un caos digno de un western mexicano: empujones entre policías estatales y un puñado de leales al ex edil, que blandían carteles con lemas como "Justicia para Giovanni" y "El pueblo no olvida". Uno de los clips, compartido por reporteros locales, muestra a González Vieyra, con el rostro demacrado pero la mandíbula firme, agitando su "hoja de liberación" como un estandarte de resistencia, mientras un convoy de patrullas lo arrastra de vuelta al encierro. "Esto es una farsa, una venganza del morenovallismo que nos persigue desde que nos alineamos con Movimiento Ciudadano", habría gritado uno de sus defensores, según testigos en el lugar. Pero las autoridades, mudas como esfinges, no soltaron prenda: la nueva orden de aprehensión, emitida por la Fiscalía Anticorrupción, alude a irregularidades financieras en su gestión municipal, un expediente que huele a los 41.4 millones de pesos en observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en las cuentas públicas de 2023 de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma –municipios que los hermanos González Vieyra gobernaron como feudos hereditarios.
Para entender este vaivén judicial, hay que retroceder al fatídico 7 de marzo de 2025, cuando el sol apenas despuntaba sobre el Valle de Serdán y un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército y la Guardia Nacional irrumpió en las propiedades de la familia González Vieyra. Giovanni, su hermano Uruviel –alcalde de Ciudad Serdán– y su padre Ramiro Margarito, ex munícipe de San Nicolás Buenos Aires, fueron esposados en un rancho de Chalchicomula de Sesma. El botín: armas largas de uso exclusivo del Ejército, dosis de narcóticos y un aviario de aves exóticas que, según la FGE, servía de fachada para operaciones ilícitas. Giovanni, en particular, fue imputado por encubrimiento por receptación –el delito de acopiar mercancía robada, un cargo que evoca las sombras de los huachicoleros y las redes de extorsión que asfixian la economía regional–. Uruviel y Ramiro enfrentaron lo suyo: secuestro y extorsión, delitos que la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión (FEISE) vinculó a una investigación federal que amenazaba con escalar a la Fiscalía General de la República (FGR).
La detención no fue un rayo en cielo sereno; era el clímax de una saga familiar que huele a corrupción enquistada. Los González Vieyra, oriundos de esta cuenca agrícola donde el maíz y el frijol se entremezclan con rumores de "derecho de piso", han monopolizado el poder local desde los albores del siglo. Ramiro, el patriarca, rotó por el PRI en los 90 y 2000, allanando el camino para que sus vástagos –Uruviel, Giovanni y Ramiro junior– escalaran en la escalera municipal. En 2021, por ejemplo, Uruviel fue señalado por desviar más de 60 millones de pesos en Tlachichuca, un caso que se diluyó en el limbo de las impugnaciones. La ASE, en su revisión de 2023, desnudó el festín: 37.5 millones en Chalchicomula por contrataciones irregulares y extracciones de efectivo sin comprobantes; el resto en Tlachichuca, donde Giovanni supuestamente despacha desde un despacho adornado con fotos de familia y promesas electorales. "Eran los reyes del valle", me confidenció un exfuncionario local que prefirió el anonimato, "financiaban campañas, compraban lealtades y, cuando convenía, saltaban de partido en partido. Del PRI al MC, sin pestañear".
El apoyo popular no se hizo esperar. Apenas 48 horas después de las detenciones, un centenar de pobladores de Ciudad Serdán y Tlachichuca accedió el Congreso de Puebla, bloqueando accesos con lonas que clamaban "Libertad para Uruviel" y "Giovanni inocente". En Tlachichuca, casas y comercios se tiñeron de pancartas: "Chalchicomula te apoya", "El pueblo no te abandona". Las redes sociales ardieron con hashtags como #LibertadParaGiovanni, sincronizando protestas locales con marchas en la capital. Movimiento Ciudadano (MC), el partido que los catapultó a la reelección en 2024, se lavó las manos de inmediato: "Nos deslindamos", fue su tibio comunicado, mientras la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, reiteraba que el Legislativo no mete las narices en procesos penales. El gobernador Alejandro Armenta, desde su oficina en Casa Aguayo, fue tajante: "No hay negociación con la ley. Que paguen lo que deban".
Pero el telón de fondo es más turbio. Fuentes federales, que pedí reserva para no quemar puentes, susurran sobre posibles lazos con La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el resurgir del viejo cártel michoacano que, bajo los hermanos Hurtado Olascoaga –"El Pez" y "La Fresa"–, ha extendido tentáculos de extorsión a Puebla y el centro del país. La LNFM, heredera de la pseudo-religiosa Familia Michoacana de Nazario Moreno "El Chayo", no trafica solo droga: impone cuotas a avicultores, huachicoleros y hasta a campañas electorales. En el Valle de Serdán, donde el robo de carga y el narco agricultura son moneda corriente, los González Vieyra habrían sido el puente perfecto: alcaldes que miran para otro lado a cambio de "aportes". No hay pruebas irrefutables en el expediente público –la FGR aún no atrae el caso–, pero el arsenal decomisado y las aves exóticas evocan las fachadas que el cártel usa en Guerrero y el Estado de México para lavar dinero. "Es el modelo michoacano importado: caciques locales que protegen la plaza", analiza un experto en seguridad que ha seguido el caso desde marzo.
En julio, un amparo previo les dio un respiro ilusorio: la Segob, a cargo de Samuel Aguilar Pala, lo rechazó de plano. "Tienen más temas pendientes", declaró el funcionario, aludiendo a la maraña de procesos que incluye abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Uruviel y Ramiro siguen en Tepexi; Giovanni, ahora de nuevo tras las rejas, enfrenta una audiencia intermedia que podría durar meses. Sus suplentes –Rafael Brenes Nepomuceno en Ciudad Serdán e Iván Ortega Muñoz en Tlachichuca– juramentaron en marzo, pero el fantasma de los hermanos persiste: "Sin ellos, el valle se desangra", dice un ranchero local, mitad queja, mitad amenaza.
Este nuevo capítulo en Tepexi no es solo un tropiezo judicial; es un espejo de la Puebla post-Moreno Valle, donde el cambio prometido por Morena choca con cacicazgos enquistados y un crimen organizado que se disfraza de política. Mientras González Vieyra regresa al encierro, el Valle de Serdán contiene el aliento: ¿Será esta la vez que la justicia rompa el ciclo, o sólo otro round en la eterna danza de la impunidad?
Las calles de Tlachichuca, con sus carteles descoloridos, parecen apostar por lo segundo. Pero en México, como sabemos, la apuesta siempre está trucada.
