Renato Romero, el activista del agua que incomodó a la concesionaria: liberado tras petición de la SEGOB
Detrás de los barrotes de un penal que no suele alojar criminales de cuello blanco, pasó la noche Renato Romero Camacho, defensor del agua, acusado de lo que hoy es el nuevo disfraz del despojo institucional: “daño en propiedad ajena y despojo agravado”. Los cargos, interpuestos por la empresa Concesiones Integrales, no son sino el eco judicial de un modelo de saqueo legalizado, impulsado por concesiones turbias y gobiernos complacientes.
Romero fue detenido el 1 de julio tras una denuncia por supuestos daños a un pozo en San Miguel Xoxtla, que abastecería de agua —según versiones no confirmadas oficialmente— a la capital poblana, sin haber mediado consulta previa a la comunidad. Tras una audiencia relámpago y la intervención del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, la medida cautelar de prisión preventiva fue modificada. El activista salió del CERESO de Cholula apenas 24 horas después, con la frente en alto y los pies aún embarrados de lucha.
Concesiones Integrales: dueños del agua, no del territorio
A su salida, entre abrazos y pancartas, Romero negó las acusaciones y arremetió con razón contra Concesiones Integrales, la empresa operadora del servicio “Agua de Puebla”, concesionaria del SOAPAP desde 2014. “Yo no he despojado a nadie, ellos sí: del agua, del derecho, del territorio”, declaró, señalando que su única arma ha sido el diálogo.
Y es que la historia no se cuenta sola. El pasado 28 de mayo, unas 300 personas bloquearon la autopista México–Puebla, protestando contra la perforación del pozo 4 en Xoxtla. La obra —opaca, inconsulta, sin manifestación de impacto social— fue clausurada simbólicamente por la comunidad el 9 de junio: maquinaria pesada, cemento y escombro sellaron el abismo por donde pretendían extraer el vital líquido sin permiso ni consenso.
Criminalizar para controlar: la vieja receta de siempre
La carpeta de investigación no se detiene en Romero. Existen, al menos, dos órdenes de aprehensión más contra personas que participaron en los actos de clausura. El mensaje es claro: protestar es peligroso, y más aún si se enfrenta a intereses corporativos protegidos por el aparato estatal.
Concesiones Integrales no es una víctima. Es una de las caras visibles del modelo de privatización hídrica, avalado por gobiernos priistas y panistas en Puebla durante la última década. Bajo el argumento de “eficiencia y modernización”, se entregó el control del agua a una empresa privada que hoy cobra tarifas impagables, corta el suministro sin aviso, y responde con denuncias penales cuando la sociedad se organiza.
Una victoria mínima en un conflicto estructural
El abogado del activista, Tonatiuh Sarabia Amador, confirmó que el proceso legal sigue abierto. La audiencia de vinculación está programada para el próximo lunes 7 de julio. Si el juez decide vincularlo, Romero tendrá que firmar mensualmente como parte de las nuevas medidas cautelares.
La liberación del activista no es el final del conflicto. Es apenas un respiro en una larga batalla contra el despojo del agua, en la que empresas, partidos y burócratas actúan como un solo cuerpo. La defensa del territorio, como ha quedado demostrado en Xoxtla, no se litiga en oficinas ni en comunicados institucionales. Se pelea en las calles, se gana en comunidad, y se paga —a veces— con la cárcel.
Romero, como tantos otros, representa la voz incómoda que estorba al modelo extractivista. Hoy está libre, pero el agua sigue secuestrada.
