Renato Romero, el activista del agua que incomodó a la concesionaria: liberado tras petición de la SEGOB
DetrĆ”s de los barrotes de un penal que no suele alojar criminales de cuello blanco, pasó la noche Renato Romero Camacho, defensor del agua, acusado de lo que hoy es el nuevo disfraz del despojo institucional: “daƱo en propiedad ajena y despojo agravado”. Los cargos, interpuestos por la empresa Concesiones Integrales, no son sino el eco judicial de un modelo de saqueo legalizado, impulsado por concesiones turbias y gobiernos complacientes.
Romero fue detenido el 1 de julio tras una denuncia por supuestos daƱos a un pozo en San Miguel Xoxtla, que abastecerĆa de agua —segĆŗn versiones no confirmadas oficialmente— a la capital poblana, sin haber mediado consulta previa a la comunidad. Tras una audiencia relĆ”mpago y la intervención del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, la medida cautelar de prisión preventiva fue modificada. El activista salió del CERESO de Cholula apenas 24 horas despuĆ©s, con la frente en alto y los pies aĆŗn embarrados de lucha.
Concesiones Integrales: dueƱos del agua, no del territorio
A su salida, entre abrazos y pancartas, Romero negó las acusaciones y arremetió con razón contra Concesiones Integrales, la empresa operadora del servicio “Agua de Puebla”, concesionaria del SOAPAP desde 2014. “Yo no he despojado a nadie, ellos sĆ: del agua, del derecho, del territorio”, declaró, seƱalando que su Ćŗnica arma ha sido el diĆ”logo.
Y es que la historia no se cuenta sola. El pasado 28 de mayo, unas 300 personas bloquearon la autopista MĆ©xico–Puebla, protestando contra la perforación del pozo 4 en Xoxtla. La obra —opaca, inconsulta, sin manifestación de impacto social— fue clausurada simbólicamente por la comunidad el 9 de junio: maquinaria pesada, cemento y escombro sellaron el abismo por donde pretendĆan extraer el vital lĆquido sin permiso ni consenso.
Criminalizar para controlar: la vieja receta de siempre
La carpeta de investigación no se detiene en Romero. Existen, al menos, dos órdenes de aprehensión mÔs contra personas que participaron en los actos de clausura. El mensaje es claro: protestar es peligroso, y mÔs aún si se enfrenta a intereses corporativos protegidos por el aparato estatal.
Concesiones Integrales no es una vĆctima. Es una de las caras visibles del modelo de privatización hĆdrica, avalado por gobiernos priistas y panistas en Puebla durante la Ćŗltima dĆ©cada. Bajo el argumento de “eficiencia y modernización”, se entregó el control del agua a una empresa privada que hoy cobra tarifas impagables, corta el suministro sin aviso, y responde con denuncias penales cuando la sociedad se organiza.
Una victoria mĆnima en un conflicto estructural
El abogado del activista, Tonatiuh Sarabia Amador, confirmó que el proceso legal sigue abierto. La audiencia de vinculación estÔ programada para el próximo lunes 7 de julio. Si el juez decide vincularlo, Romero tendrÔ que firmar mensualmente como parte de las nuevas medidas cautelares.
La liberación del activista no es el final del conflicto. Es apenas un respiro en una larga batalla contra el despojo del agua, en la que empresas, partidos y burócratas actĆŗan como un solo cuerpo. La defensa del territorio, como ha quedado demostrado en Xoxtla, no se litiga en oficinas ni en comunicados institucionales. Se pelea en las calles, se gana en comunidad, y se paga —a veces— con la cĆ”rcel.
Romero, como tantos otros, representa la voz incómoda que estorba al modelo extractivista. Hoy estÔ libre, pero el agua sigue secuestrada.