Castro Corro: millonaria en tiempos de quebranto
Mientras el gobierno de Miguel Barbosa se desmoronaba entre silencios cómplices y cuentas bancarias vacías, María Teresa Castro Corro, entonces secretaria de Planeación y Finanzas, edificaba en lo privado una fortuna inmobiliaria de más de 15 millones de pesos. Como si la ruina presupuestal del estado no la alcanzara, adquiría casas, departamentos y terrenos como quien colecciona estampas: 11 propiedades en total, y al menos 9.2 millones de pesos invertidos en bienes raíces entre 2022 y 2023, justo después del mayor desfalco financiero del sexenio.
La operación que manchó la gestión barbosista se llama Accendo, un banco fallido con el que la funcionaria —en complicidad con su subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil— depositó más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos, entre junio y septiembre de 2021. Del total, 809 millones simplemente se esfumaron tras la revocación de la licencia bancaria por parte de la CNBV. Una tragedia financiera que fue ocultada durante casi dos años, hasta que la propia Castro Corro la admitió, con frialdad técnica, en abril de 2023.
La cronología de un enriquecimiento oportuno
El 31 de enero de 2022 —cuando aún se desempeñaba como secretaria de Finanzas— Castro Corro adquirió un departamento por 3 millones 250 mil pesos, según su declaración patrimonial. Ya fuera del cargo, pero aún con conexiones en la administración de Sergio Salomón Céspedes, compró una casa por 5 millones 790 mil pesos en diciembre de 2023, apenas seis meses después de haber renunciado oficialmente.
Y aunque la suma total de su patrimonio inmobiliario asciende a más de 15 millones 243 mil pesos —según datos del portal de servidores públicos—, la procedencia de los fondos sigue sin esclarecerse públicamente. No hay investigación formal en curso ni sanción administrativa a la vista.
Accendo: la tumba sin lápida de 809 millones
El caso del Banco Accendo es uno de los episodios más oscuros del gobierno barbosista. De manera inexplicable, Castro Corro transfirió 2 mil 400 millones de pesos del llamado Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas a un fondo de inversión entre junio y agosto de 2021. La ganancia fue ridícula: apenas 7.4 millones de pesos de interés. Después, como si fuera una apuesta de última hora, el 7 de septiembre transfirió otros 606 millones 127 mil pesos. 48 días después, el banco cerró sus puertas para siempre.
Lo que debió ser objeto de sanción, auditoría y denuncia penal se convirtió en un expediente enterrado. Ni la administración barbosista ni la del actual gobernador Céspedes han promovido una investigación profunda. En su lugar, Castro Corro fue protegida hasta su renuncia en junio de 2023, sin rendir cuentas ni devolver un solo peso al erario.
La fortuna blindada y el silencio institucional
Resulta escandaloso que, mientras Puebla enfrentaba un quebranto de más de 800 millones de pesos, la entonces titular de Finanzas acumulaba inmuebles con valores que difícilmente se sostienen con un salario de funcionaria pública. Ni el Congreso local, ni la Auditoría Superior del Estado, ni la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción han abierto investigaciones visibles. La impunidad, como siempre, viaja blindada.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando el costo de ese desfalco, con recortes en programas sociales, obras inconclusas y deudas disfrazadas de “reestructura financiera”. En Puebla, como en muchas partes del país, el saqueo se legaliza con una firma, y el enriquecimiento se lava con declaraciones patrimoniales ambiguas.
¿Quién protege a María Teresa Castro Corro?
La pregunta no es solo cómo pudo enriquecerse durante una gestión en quiebra, sino quiénes han garantizado que no se le investigue. Porque 809 millones no desaparecen solos, y 11 propiedades no se compran con el sudor del servicio público. La complicidad tiene rostro: el del poder que calla, encubre y negocia.
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