Permisos chuecos y transporte chatarra: el doble discurso de Tanús y sus “Morados”
Por José Herrera
El gobierno estatal sacó del ruedo a 20 unidades de la ruta JB, mejor conocida por los usuarios como “Los Morados”. El motivo, según el subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, Juan Manuel Vega Rayet, fue “tener papeles chuecos”. Nada nuevo bajo el sol. La sorpresa es que lo hayan hecho público.
En Puebla, el transporte público se ha convertido en una ruleta rusa de fierros viejos, operadores improvisados y concesiones heredadas más por favores políticos que por planeación técnica. El operativo de Tanús y su Subsecretaría en la zona nororiente es solo un espejismo de limpieza institucional en un desierto de simulación.
Las cifras que no cuadran
La ruta JB tiene, oficialmente, una flotilla de 70 unidades. En esta revisión preliminar, casi un tercio (20) fue sorprendida sin documentación en regla, sin placas o con permisos “piratas”. Y si eso ocurrió en un solo operativo, ¿cuántas unidades más circulan en el estado con permisos clonados, vencidos o tramitados vía coyotaje?
El discurso institucional dice que se trata de un “proceso de depuración previo a la Revista Vehicular”, pero la realidad es más turbia. Durante años, el sistema ha permitido y tolerado que rutas completas operen en la informalidad con la complicidad de funcionarios que ven en las concesiones una mina de oro.
El negocio de los permisos "chuecos"
En los pasillos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), las historias abundan: gestores que ofrecen placas “especiales”, rutas que nacen por decreto sin sustento técnico, y operadores que pagan cuotas mensuales a inspectores para seguir circulando con unidades que deberían estar en el deshuesadero.
¿Quién otorgó esos permisos? ¿Quién firmó las autorizaciones irregulares? ¿Quién miró hacia otro lado mientras Los Morados operaban sin documentos? Nadie responde. Porque la red de complicidad va más allá de una sola ruta o de un solo funcionario.
Mientras tanto, el usuario
En este caos, el ciudadano de a pie sigue subiéndose a unidades que huelen a diésel quemado, sin aire acondicionado, con puertas que no cierran y operadores que más que conductores parecen pilotos de rally. Y lo hace porque no hay alternativas reales. Porque a pesar de todos los planes de movilidad, el transporte digno sigue siendo un lujo.
Vega Rayet dice que “no podemos dejar a los usuarios sin servicio”, y por eso solo retiraron las 20 unidades “irregulares”. Pero ese equilibrio entre “no colapsar el servicio” y “combatir la corrupción” solo perpetúa el círculo vicioso. Se sanciona sin tocar a los dueños. Se castiga sin desmantelar la red.
¿Y la “Revista Vehicular”?
La supuesta revista vehicular —que arranca el 1 de julio— será, como cada año, un desfile de simulaciones. Las unidades se “ponen en orden” por unas semanas, se limpian las placas, se imprime una póliza de seguro (aunque sea falsa), y todo vuelve a la normalidad... es decir, a la anormalidad cotidiana del transporte poblano.
Mientras tanto, los concesionarios siguen enriqueciéndose, los usuarios arriesgan el pellejo, y el Estado juega al inspector sin desmontar el sistema que él mismo construyó.
Conclusión
El retiro de 20 unidades es un gesto. Pero sin consecuencias reales, sin nombres, sin sanciones ejemplares, sin revocación de concesiones a los operadores corruptos, seguirá siendo solo eso: un gesto. Un raspón de pintura en una estructura podrida.
Porque en Puebla, los únicos que viajan seguros son los concesionarios.
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