El fin del barroquismo financiero: Armenta desactiva el contrato más oneroso del morenovallismo.
Durante casi una década, el Museo Internacional del Barroco fue más que un recinto cultural: fue el símbolo físico de un modelo de gobierno basado en la opacidad, la simulación contable y la captura institucional por parte de intereses privados. Erigido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas y operado bajo un contrato de Asociación Público-Privada (APP) con Grupo Hermes Infraestructura, el inmueble costó a las finanzas públicas no solo miles de millones de pesos, sino también una constante sangría presupuestal disfrazada de inversión cultural.
El gobernador Alejandro Armenta Mier, con el respaldo de la Secretaría de Finanzas y la Consejería Jurídica del Estado, anunció la terminación anticipada del contrato APP con Grupo Hermes, liberando así al erario poblano de una deuda proyectada a 25 años que, en términos reales, implicaba compromisos por más de 7 mil millones de pesos.
La medida no solo constituye un acto de higiene financiera: es también un gesto político profundo, en el que el Estado se reafirma como rector del interés público frente a estructuras diseñadas para perpetuar la dependencia de recursos públicos a favor de corporativos privilegiados.
El contrato APP: arquitectura legal de la deuda disfrazada
Firmado en 2014 y avalado por el Congreso del Estado de Puebla bajo mayoría morenovallista, el contrato de Asociación Público-Privada entre el Gobierno del Estado y Hermes Infraestructura, S.A. de C.V. fue planteado como una solución “innovadora” para evitar el endeudamiento directo. En la práctica, se trató de un arrendamiento financiero disfrazado de inversión, pues el Estado se comprometía a pagar mensualmente un monto fijo durante un periodo de 25 años, por concepto de servicios de mantenimiento, operación y disponibilidad del inmueble.
De acuerdo con documentos oficiales y análisis independientes, el esquema comprometía al gobierno a pagar más de 270 millones de pesos anuales, sumando al final del contrato una erogación superior a los 6 mil 700 millones de pesos, por un museo que costó —en términos de construcción directa— cerca de 1,700 millones de pesos.
Este tipo de contratos APP contienen una trampa semántica: se publicitan como alianzas de inversión conjunta, cuando en realidad transfieren el riesgo al sector público, con garantías de pago irrestrictas, cláusulas de penalización desproporcionadas y restricciones a la revisión del contrato, lo que impidió por años una auditoría real sobre su operación.
Grupo Hermes: del concreto al contrato blindado
La empresa Hermes Infraestructura, S.A. de C.V., filial de Grupo Hermes, consorcio fundado por Carlos Hank Rhon, no es ajena a las licitaciones públicas de alto perfil en México. Desde hace décadas ha figurado entre los principales contratistas en infraestructura, autopistas y obra pública, operando bajo el paraguas del Grupo Atlacomulco. Su historial incluye carreteras de cuota, presas, puertos, hospitales y museos, frecuentemente en modelos APP o Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).
En el caso de Puebla, Grupo Hermes obtuvo el contrato sin competencia real, en un proceso de adjudicación directa disfrazado de licitación restringida. El contrato incluía cláusulas antieconómicas, como la imposibilidad de rescindir el acuerdo sin pagar penalizaciones multimillonarias. A ello se sumaba un esquema de confidencialidad que impedía a la Auditoría Superior del Estado (ASE) o a los órganos legislativos evaluar su operación con criterios técnicos.
El Museo Barroco se convirtió, de facto, en un activo semiprivado: operado, vigilado y mantenido por una empresa que garantizaba sus cobros incluso cuando el inmueble permanecía cerrado o con baja afluencia.
Armenta, el giro: rescisión negociada, sin litigio y con costo cero
A diferencia de los gobiernos intermedios —que optaron por administrar el pasivo y simular revisiones—, la administración de Alejandro Armenta emprendió un proceso formal de revisión contractual que culminó en una terminación anticipada por mutuo acuerdo, bajo un convenio jurídico que evitó litigios y —según lo confirmado oficialmente— no implicó indemnizaciones adicionales ni penalizaciones para el Estado.
El documento firmado esta semana representa la reintegración del Museo al patrimonio estatal, bajo control directo de la Secretaría de Cultura. En términos presupuestales, significa la eliminación de una carga de más de 270 millones anuales, lo que permitirá redirigir recursos a otros proyectos culturales, educativos o de inversión social.
En lo político, Armenta consigue una ruptura con el legado financiero de Moreno Valle, sin recurrir a discursos beligerantes. La operación fue silenciosa, técnica, jurídicamente robusta y políticamente eficaz.
¿Y la rendición de cuentas del pasado?
Aunque el contrato ya fue extinguido, las responsabilidades políticas y administrativas siguen vigentes. Diversas organizaciones civiles han demandado a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión Inspectora del Congreso que revisen la documentación original del contrato APP, se actualicen los informes de fiscalización 2015–2023, y se promueva una revisión integral del modelo de endeudamiento indirecto heredado.
El caso del Museo Barroco no es aislado: existen al menos otros cinco contratos APP y PPS firmados durante el morenovallismo, incluyendo el del Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de monitoreo de seguridad pública (C5), y diversos hospitales de alta especialidad. Todos estos compromisos generaron deudas paralelas sin ser registradas como tales en los informes de deuda pública.
Conclusión: desmontar la ingeniería del endeudamiento
El modelo de APP implementado en Puebla durante la gestión de Rafael Moreno Valle representó una arquitectura financiera de simulación, que trasladó compromisos a largo plazo bajo el argumento de evitar endeudamiento directo. El Museo Barroco fue su emblema: un espacio cultural convertido en garantía de pago para un contrato leonino.
El actual gobierno ha dado un primer paso firme en el desmantelamiento de ese esquema. La terminación del contrato con Grupo Hermes es más que una cancelación: es la afirmación de que el patrimonio público no puede ni debe permanecer bajo tutela empresarial.
Alejandro Armenta ha iniciado lo que podría ser un nuevo capítulo de justicia presupuestaria en Puebla. La tarea ahora es replicar ese modelo con el resto de los contratos heredados y garantizar que, en adelante, la infraestructura cultural y pública se construya con transparencia, bajo reglas que respondan al interés común, y no al lucro de unos cuantos.
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