Bodegas sobre ductos de Pemex: el Vicealmirante ordena su demolición tras acuerdo con el Ayuntamiento
Un riesgo latente, una red de omisiones y un negocio de casi 200 millones de pesos. Así se resume el caso de las 26 bodegas construidas ilegalmente sobre ductos de Pemex en la Central de Abasto de Puebla, cuya demolición fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el Vicealmirante Francisco Sánchez González.
En entrevista, el mando de la SSP detalló que las bodegas serán derribadas en coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, luego de una evaluación conjunta con el secretario de Gobernación Municipal, Francisco Rodríguez Álvarez, el pasado 24 de junio.
“Las bodegas construidas de manera irregular se van a derrumbar. El martes realizaremos una inspección, y la siguiente semana continuará la revisión general”, puntualizó.
Infraestructura ilegal y riesgo de explosión
Las naves fueron edificadas entre 2019 y 2020, durante el trienio de Claudia Rivera Vivanco, primera alcaldesa de Morena en la capital poblana. De acuerdo con evaluaciones, cada una está valuada entre 7 y 9 millones de pesos, dependiendo su ubicación. En conjunto, representan un negocio de más de 190 millones de pesos.
Lo más grave: fueron construidas directamente sobre ductos de Pemex, en zonas donde está prohibida cualquier intervención estructural por el riesgo que implica para la red nacional de hidrocarburos.
¿Nido de huachicol?
Además del riesgo técnico, las bodegas han sido vinculadas con actividades delictivas, incluyendo el almacenamiento de mercancía robada y posibles conexiones con grupos dedicados al robo de combustible. No es casualidad que la intervención se dé justo en el perímetro donde confluyen intereses comerciales, crimen organizado y opacidad inmobiliaria.
Sánchez González aseguró que se trabaja en coordinación con Pemex y otras dependencias para garantizar el retiro controlado de las estructuras ilegales, salvaguardando la integridad de comerciantes, consumidores y personal operativo.
“No se permitirá la ocupación irregular de áreas estratégicas ni estructuras que vulneren la seguridad pública o la infraestructura federal”, enfatizó el funcionario.
Silencio institucional y responsabilidad política
A pesar de la gravedad del caso, ni la administración pasada ni los constructores involucrados han dado la cara. Hasta hoy, nadie ha sido sancionado por permitir la construcción de estas bodegas en un área federal restringida.
El silencio de las autoridades municipales de la administración 2018–2021 se traduce en impunidad política, pese a que los permisos de construcción y los contratos de arrendamiento fueron autorizados durante su gestión.
¿Quién va a pagar?
Aunque la demolición ha sido anunciada, persisten interrogantes clave:
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¿Quién autorizó formalmente las obras sobre ductos de Pemex?
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¿Se sancionará penal o administrativamente a los responsables?
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¿Qué pasará con los más de 190 millones de pesos que se invirtieron en esta infraestructura ilegal?
Por ahora, el único avance concreto es la promesa de su derribo inminente, en una Central de Abasto que hoy carga no sólo con toneladas de mercancía, sino con el peso de la corrupción urbanística y el riesgo estructural ignorado durante años.
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