Atempan: redes familiares dominan nómina y cargos públicos en el gobierno municipal
De acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), al menos 21 familiares directos ocupan cargos simultáneos en áreas estratégicas como Tesorería, Registro Civil, Protección Civil, Seguridad Pública, Comunicación Social y Regidurías. La concentración de puestos no solo confirma una red de nepotismo institucionalizado, sino que exhibe una administración capturada por intereses familiares.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la regidora de Salubridad, Liliana Ramos Díaz, quien, junto a su pareja e integrantes políticos por afinidad, concentra una percepción mensual de 34 mil pesos. Similar patrón se repite en otras familias que incluyen hermanos, esposos, cuñados e hijos, todos insertos en diversas oficinas del gobierno municipal.
Entre los nombres que figuran están el tesorero Manuel Ildefonso García, su esposa Rubicell Ramón Santos (Registro Civil); el regidor Emilio López Salazar y su hija Guadalupe Lizbeth López (Contraloría); y los hermanos Gilberto y Melitón Hernández Herrera, en Educación y Registro Civil, respectivamente.
La mayoría de estos funcionarios percibe entre 7 mil y 21 mil pesos mensuales. Aunque las cifras individuales podrían parecer menores, el patrón sistemático revela un uso discrecional de recursos públicos para consolidar alianzas familiares dentro del aparato burocrático local.
El intento por obtener una versión oficial del Ayuntamiento fue infructuoso. Luego de múltiples llamadas, la administración municipal se limitó a levantar el auricular y colgar sin ofrecer información ni canalizar la petición a algún vocero autorizado.
Mientras tanto, el fenómeno de nepotismo en Atempan no es un caso aislado. Se suma a una lista creciente de municipios poblanos —entre ellos Coronango e Izúcar de Matamoros— donde la administración pública ha sido convertida en una extensión patrimonial, ajena a los principios de profesionalismo y mérito que exige la ley.
La opacidad, la concentración de cargos en manos de clanes familiares y la falta de voluntad para transparentar la gestión refuerzan un modelo de gobierno que responde más a redes clientelares que al interés ciudadano.
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