Muerte en el encierro: joven fallece en un anexo clandestino de Huauchinango
El cuerpo sin vida de un joven fue localizado la tarde del jueves dentro del supuesto centro de rehabilitación “Jóvenes Guerrero de Dios”, ubicado en la colonia 5 de Mayo, en Huauchinango. La muerte —confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio— se suma a una larga lista de tragedias que tienen como escenario los llamados “anexos”: espacios de encierro, castigo y negligencia disfrazados de atención espiritual y rehabilitación.
Mientras elementos de la Marina y la policía municipal acordonaban el inmueble, otro interno intentó fugarse saltando por los techos de una escuela contigua. Fue regresado al mismo lugar, a pesar de declarar que escapó “por miedo”. El gobierno municipal omitió cualquier cuestionamiento sobre el estatus legal de la institución, y la Fiscalía estatal solo confirmó que ha iniciado una investigación.
Los anexos: fábricas de abusos
En Puebla, como en muchas entidades del país, los anexos funcionan como una alternativa paralela y perversa al sistema de salud pública. Son lugares donde jóvenes con adicciones, trastornos mentales o simplemente conductas “incómodas” para sus familias son encerrados sin diagnóstico clínico, sin tratamiento médico y muchas veces sin su consentimiento.
El modelo de estos centros —generalmente ligados a grupos religiosos fundamentalistas— parte de la premisa de que la adicción es un castigo divino que puede curarse con golpes, humillación, encierro y oración. No están regulados, no tienen personal capacitado y no rinden cuentas a ninguna autoridad de salud. Son, en el mejor de los casos, albergues improvisados; en el peor, centros de tortura.
La Secretaría de Salud del estado ha sido omisa en su responsabilidad de inspeccionar y cerrar estos lugares. La mayoría de ellos opera sin licencias, sin protocolos y sin vigilancia, a la vista de todos. El caso de “Jóvenes Guerrero de Dios” no es una excepción: no aparece en ningún padrón oficial, no cuenta con registro sanitario, y pese a ello, goza de impunidad y tolerancia por parte del municipio.
El silencio del Estado
Mientras el cadáver del joven era trasladado al Servicio Médico Forense, ninguna autoridad estatal o municipal pudo responder por qué este anexo seguía funcionando. No se sabe quién lo administra, quién autorizó su operación ni cuántos jóvenes permanecen recluidos ahí. La opacidad es total.
El gobierno estatal ha enfocado su narrativa en la militarización de la seguridad y el combate al crimen organizado, pero ha relegado por completo la atención a la salud mental, a las adicciones y a la prevención comunitaria. Los anexos se han convertido en el síntoma más brutal de esa renuncia.
Una tragedia que se repite
Esta no es la primera muerte en un anexo de Puebla, ni será la última si no hay una intervención urgente del Estado. Tan solo en los últimos tres años se han documentado casos similares en Tehuacán, San Martín Texmelucan, Puebla capital y Atlixco. En todos, las víctimas eran jóvenes pobres, muchos de ellos internados contra su voluntad. En ninguno hubo justicia.
Mientras tanto, las iglesias que administran estos lugares siguen reclutando “pastores”, exadictos convertidos en carceleros, y vendiendo la idea de que pueden “salvar” a otros por medio del castigo.
La muerte del joven en Huauchinango no fue un accidente. Fue una consecuencia directa del abandono institucional, la negligencia sanitaria y la criminalización de la pobreza. En lugar de centros de salud, el Estado permite cárceles informales. En lugar de médicos, encierra a los jóvenes con fanáticos. Y en lugar de futuro, les entrega la muerte.
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