Más de cien ayuntamientos en Puebla, bajo la sombra de la opacidad
PRD, PT, PRI y PSI también reprobaron en transparencia durante 2024, según evaluación oficial del Itaipue
Por: Rodolfo Herrera Charolet
En Puebla, la rendición de cuentas sigue siendo una asignatura pendiente. Más de cien gobiernos municipales reprobaron en sus obligaciones de transparencia durante 2024, sin que hasta el momento existan consecuencias legales visibles ni voluntad política para revertir esta preocupante tendencia. Junto a ellos, al menos cuatro partidos políticos —entre ellos el PRD, PT, PRI y el PSI— también fueron señalados por incumplimiento sistemático.
Según el último informe del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), de los 341 sujetos obligados evaluados, 112 no acreditaron la verificación correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones legales, entre ellos 105 ayuntamientos. El 94 por ciento de los reprobados son municipios, la base más cercana al ciudadano.
Gobiernos municipales como San Diego La Mesa Tochimiltzingo y Totoltepec de Guerrero ni siquiera alcanzaron el 10% de cumplimiento en los formatos que exige la ley, mientras que Quecholac simplemente ignoró los requerimientos del órgano garante. En este panorama de negligencia, también figuran Cuautempan, Acateno, Jalpan, Teotlalco, Olintla y Tianguismanalco, entre otros, que no alcanzaron ni el 50% de cumplimiento.
Estos resultados son parte de una evaluación sistemática que contempla la carga obligatoria de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia: contratos, nómina, licitaciones, estructura administrativa, presupuestos, adjudicaciones y resultados de auditoría. No cumplirla implica una transgresión directa a lo estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Partidos en la penumbra
La opacidad no se limita a los gobiernos locales. El informe del Itaipue reveló también que los partidos políticos PRD, PT, PRI y PSI no cumplieron con sus obligaciones de transparencia. El más grave fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuya calificación fue tan baja que contribuyó a la pérdida de su registro como partido local, de acuerdo con una resolución del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Pese a recibir prerrogativas y fondos públicos, estos partidos fueron incapaces de informar cómo y en qué gastaron los recursos de los ciudadanos, incumpliendo con normativas que los obligan a transparentar contratos, proveedores, sueldos, listas de militantes y uso de prerrogativas.
Obligaciones incumplidas, castigos simbólicos
Los efectos de estas omisiones son devastadores para la fiscalización social. La falta de datos impide saber, por ejemplo, si se contrataron empresas fantasma, si se desviaron recursos a campañas o si existen vínculos entre autoridades y proveedores vinculados a redes de corrupción o crimen organizado.
A pesar de las omisiones, el castigo ha sido simbólico. El Itaipue ha emitido exhortos, recomendaciones y en algunos casos amonestaciones públicas, pero no existen sanciones ejemplares ni procedimientos de responsabilidad administrativa que terminen en sanciones reales. La Auditoría Superior del Estado ha permanecido, en muchos casos, indiferente.
La paradoja institucional: el Itaipue también desaparecerá
Como si se tratara de una ironía institucional, el propio Itaipue está destinado a desaparecer, en medio de una reconfiguración estructural promovida desde el Congreso local, bajo argumentos de austeridad. La propuesta contempla integrar sus funciones a un nuevo órgano de reciente creación. Esto ha generado preocupación entre especialistas en transparencia, quienes temen que se diluya aún más la vigilancia sobre los recursos públicos.
En contraste con la opacidad reinante, algunas instituciones lograron el 100% de cumplimiento desde la primera verificación, como la Secretaría de Salud, la de Gobernación, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, el Ayuntamiento de Puebla, así como la Universidad Politécnica de Puebla. Sin embargo, fueron la excepción.
Un sistema que permite incumplir
La opacidad sistemática en más de un centenar de gobiernos municipales y partidos políticos refleja no solo negligencia, sino una cultura de impunidad estructural. La ausencia de consecuencias y la inoperancia institucional han convertido a la ley de transparencia en un marco decorativo, sin dientes.
Mientras tanto, ciudadanos, periodistas y organizaciones civiles continúan encontrando muros burocráticos, enlaces rotos y evasivas ante cualquier intento de fiscalizar la administración pública desde lo local.
El sistema, parece, ha sido diseñado para incumplirse a sí mismo.
