Crónicas de Corrupción (XVII): La sombra del dinero: La corrupción en los contratos del gobierno de Puebla
Por Carlos Charis
11 de junio de 2025
Uno de los mayores focos de corrupción en Puebla no solo se encuentra en las instancias judiciales o en el ámbito de la seguridad, sino también en el manejo de los recursos públicos, específicamente en los contratos gubernamentales. La falta de transparencia en la adjudicación de contratos y la opacidad en los procesos de licitación han creado un caldo de cultivo ideal para que actores con poder sigan beneficiándose del erario público, mientras que las comunidades más vulnerables siguen esperando que sus necesidades sean atendidas.
A lo largo de los últimos años, diversos informes y filtraciones han señalado irregularidades en la asignación de contratos de obras públicas, desde la construcción de infraestructura hasta la adquisición de suministros para diversas dependencias gubernamentales. Lo que parece un proceso de licitación abierto y competitivo termina siendo un teatro en el que se favorecen a empresas vinculadas a políticos locales y nacionales, cuyo único fin es engrosar sus bolsillos.
La red de empresas fantasmas
Un patrón recurrente en los contratos adjudicados por el gobierno de Puebla es la participación de empresas fantasma, aquellas que carecen de experiencia en los rubros para los cuales son contratadas y que, a menudo, no tienen infraestructura ni personal capacitado para cumplir con los proyectos. Sin embargo, estas empresas se convierten en los aliados perfectos para desviar recursos públicos, ya que el dinero destinado a obras y servicios nunca llega a los beneficiarios finales.
Un caso emblemático fue el contrato adjudicado a la empresa Construcciones y Servicios González, que fue contratada para la pavimentación de varias calles en San Andrés Cholula en 2024. A pesar de que el presupuesto de la obra ascendía a 15 millones de pesos, los trabajos realizados fueron mínimos y de pésima calidad. Testigos confirmaron que la empresa nunca completó la obra y, en cambio, desvió los fondos a cuentas bancarias vinculadas a políticos de la región.
Según informes internos obtenidos por este medio, la empresa en cuestión fue creada apenas unos meses antes de ser contratada, sin ninguna experiencia previa en el área de infraestructura urbana. Aún más alarmante es que dicha empresa pertenece a un familiar cercano de Juan Carlos Llera, un exdiputado local que se sabe tiene conexiones con el grupo político que gobierna actualmente el estado.
Los contratos sin licitación
Otro aspecto que ha desbordado la corrupción en los contratos gubernamentales es el uso de los procedimientos de adjudicación directa, que en lugar de ser excepcionales, se han vuelto la norma. Esto ha permitido que obras millonarias sean entregadas a empresas que no pasan por el debido proceso de licitación pública, lo que les da una ventaja injusta sobre competidores legítimos y reduce las posibilidades de una oferta competitiva que beneficie al pueblo.
Uno de los casos más flagrantes ocurrió en 2019, cuando el gobierno estatal otorgó un contrato por 40 millones de pesos a la empresa Técnicas Avanzadas de Puebla S.A. de C.V., para la construcción de un hospital regional en la región de Tehuacán. La adjudicación de este contrato se hizo sin el proceso de licitación pública, alegando que la obra era urgente y no podía esperar. Sin embargo, las consultas revelaron que la empresa había sido creada apenas seis meses antes de la adjudicación, y sus propietarios tienen estrechos lazos con figuras del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla.
Lo más sorprendente es que, a pesar de que el hospital debía estar terminado a finales de 2020, los trabajos nunca comenzaron, y el dinero fue desviado a otras obras que no tenían ninguna relación con la salud. El gasto público de esta magnitud fue casi imposible de rastrear debido a la falta de transparencia y a la opacidad de los informes.
El desvío de recursos a través de subcontratos
Una táctica comúnmente utilizada para blanquear el desvío de recursos públicos es el uso de subcontratos, donde las empresas contratadas por el gobierno subcontratan a otras empresas para realizar las obras o servicios. En muchos casos, estos subcontratos no son auditados adecuadamente, lo que facilita el desvío de recursos hacia empresas ficticias o vinculadas a los mismos funcionarios corruptos.
En un caso reciente, la Secretaría de Infraestructura del estado adjudicó un contrato para la remodelación de hospitales en varias localidades. El contrato inicial fue otorgado a la empresa Constructora Puebla S.A., pero esta subcontrató a Inversiones y Servicios López, una empresa con pocos recursos y sin experiencia en el sector de salud. La subcontratista, por su parte, entregó el trabajo a otros trabajadores de manera ilegal y sin cumplir con las especificaciones técnicas. El monto total del contrato fue de 30 millones de pesos, pero solo una fracción de esa cantidad fue utilizada para el trabajo real, mientras que el resto fue desviado hacia cuentas de empresas fantasmas.
Los vínculos políticos
No es un secreto para nadie que muchos de estos contratos están siendo adjudicados a empresas con vínculos políticos, lo que genera un círculo vicioso de corrupción. Muchas veces, las empresas favorecidas son propiedad de familiares cercanos a funcionarios del gobierno o incluso a exgobernadores que mantienen su influencia a través de lobbies y favores políticos.
Un ejemplo claro de estos vínculos es el caso de Elías Sánchez, un exfuncionario que fue arrestado en 2024 por su presunta relación con el desvío de fondos a través de contratos falsos con el gobierno de Puebla. Elías, según investigaciones, utilizó su posición para canalizar recursos públicos a empresas relacionadas con su familia y amigos cercanos, lo que le permitió acumular fortunas a costa del erario.
La falta de rendición de cuentas
El mayor obstáculo para que la corrupción en la adjudicación de contratos sea erradicada es la falta de rendición de cuentas. A pesar de que existen múltiples denuncias y pruebas de irregularidades en los procesos de licitación, el gobierno estatal sigue sin tomar acciones contundentes para corregir la situación. La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado ha sido incapaz de auditar adecuadamente los contratos y, en muchos casos, ha sido acusada de encubrir irregularidades en lugar de hacer cumplir la ley.
