Armonización y limpieza institucional: el gobierno de Puebla da un paso firme hacia la transparencia real.
En un movimiento que marca un punto de inflexión en la política de transparencia estatal, el gobernador Alejandro Armenta Mier envió al Congreso de Puebla una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE). La medida, que forma parte del proceso de armonización con la reforma federal que propone la desaparición del INAI, es presentada no como una regresión, sino como una depuración urgente de estructuras burocráticas que, en los hechos, se volvieron cómplices del oscurantismo.
El ITAIPUE, lejos de ser un bastión ciudadano, fue durante años un órgano capturado, cómodo con el poder y funcional para la opacidad que decía combatir. Sus resoluciones, cuando no eran tardías, eran ambiguas. Sus comisionados, distantes de la sociedad, se aferraban a sus cargos blindados más por cuotas partidistas que por compromiso con el derecho a saber.
La propuesta del Ejecutivo estatal, entregada por el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, contempla que las funciones del Instituto sean absorbidas por instancias con mayor capacidad operativa y rendición de cuentas, como la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y el Instituto Electoral del Estado. En lugar de dispersar responsabilidades en figuras ornamentales, el modelo busca centralizar la vigilancia en órganos con atribuciones y capacidad de sanción reales.
La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, fue clara: “Las facultades no se pierden. La transparencia es un derecho humano, y será garantizado por otras vías más eficaces”. A diferencia del pasado, donde el discurso institucional escondía inacción, ahora el objetivo es funcionalidad, no simulación.
La iniciativa otorga 90 días al Congreso para redefinir el destino del personal, patrimonio e infraestructura del ITAIPUE. Los comisionados actuales, independientemente de su periodo de designación, concluirán sus funciones. Sus resoluciones pasadas mantendrán validez, pero su legado institucional se cierra con más pena que gloria.
Para algunos sectores acostumbrados a confundir autonomía con impunidad, esta reforma representa una amenaza. Para otros, sobre todo ciudadanos que durante años vieron cómo se les negaba información pública con excusas legaloides, es una esperanza.
El gobierno de Puebla no está desmantelando la transparencia: la está rescatando. La está sacando de manos que no supieron —o no quisieron— ejercerla. Y la está colocando en estructuras sujetas a evaluación, no a privilegios perpetuos.
En tiempos donde la legitimidad democrática exige hechos, no solo discursos, la decisión del Ejecutivo es audaz: romper con una institución anquilosada para avanzar hacia un modelo más directo, eficaz y responsable de rendición de cuentas.
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