Cae defraudador de 16 millones protegido por médicos y jueces: nuevo gobierno rompe red de impunidad
PUEBLA, Pue.— El caso de Diego N., acusado de defraudar por más de 16 millones de pesos y protegido durante años por médicos particulares, una jueza vinculada a prácticas cuestionables y presuntos favores institucionales, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la procuración de justicia en Puebla.
La detención ocurrió este miércoles en la Casa de Justicia de Castillotla, al sur de la ciudad, tras una orden judicial reactivada bajo la nueva política de cero tolerancia a la impunidad impulsada por el gobierno de Alejandro Armenta. Diego salía de firmar su comparecencia semanal —un privilegio que le había evitado la cárcel por más de dos años— cuando fue abordado por agentes ministeriales y conducido al penal de San Miguel.
Justicia bajo escrutinio
Vinculado a proceso desde 2022 por fraude, posesión de drogas y portación de arma exclusiva del Ejército, Diego había logrado mantenerse fuera de prisión gracias a un entramado de certificados médicos irregulares, indulgencia judicial y posibles vínculos familiares con altos cargos en dependencias federales.
Una investigación abierta recientemente por la Fiscalía General del Estado, ahora bajo presión institucional por depurar expedientes estancados y reactivar casos emblemáticos, permitió destrabar el caso.
Según el expediente, Diego defraudó a un amigo cercano por más de 16 millones de pesos, bajo la promesa de invertir en bienes raíces y criptomonedas. Durante el proceso judicial, su defensa logró mantenerlo libre alegando problemas de salud, sustentados en un diagnóstico del doctor Ivo Humberto Pineda, del Hospital Puebla, quien firmó un certificado que alegaba la presencia de un catéter renal por litiasis aguda.
No obstante, testigos y videos lo mostraron días después festejando en un bar de la Vía Atlixcáyotl.
Revisión de privilegios y expedientes congelados
En lo que podría interpretarse como una señal del cambio que impulsa el nuevo gobierno, fuentes al interior del Poder Judicial confirmaron que se ha iniciado una revisión interna sobre el actuar de la jueza Lina Claudia Ordoñez, quien liberó a Diego en 2022, pese a los indicios de delitos graves.
Versiones extraoficiales señalan que dicha jueza habría recibido hasta 700 mil pesos para favorecer al imputado, aunque hasta ahora no hay acusaciones formales.
El actual gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, ha instruido a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo a auditar las decisiones judiciales más controversiales de los últimos tres años, como parte del compromiso de su administración de “rescatar la justicia de las redes de protección y corrupción que la han contaminado”.
Nuevo equilibrio institucional
El arresto de Diego no solo representa la caída de un presunto estafador; simboliza también el rompimiento de una cadena de complicidades institucionales toleradas por anteriores gobiernos.
El nuevo fiscal, designado tras la salida de Gilberto Higuera Bernal, ha dado señales de reactivación de casos detenidos y de la incorporación de elementos del sistema acusatorio con perspectiva de derechos humanos, pero también con firmeza legal.
Fuentes cercanas al gobierno de Armenta señalan que uno de los principales ejes del plan de justicia 2025–2030 será la revisión del actuar de ministerios públicos, jueces y peritos médicos, en coordinación con la Contraloría del Estado y el Consejo de la Judicatura.
Fin de la era del “compadrazgo judicial”
La familia de Diego tampoco es ajena al poder: su hermana funge como gerente jurídica del Infonavit en Puebla, y habría facilitado contratos y contactos clave para sostener su defensa. Pero el contexto ha cambiado.
La detención fue posible —según fuentes oficiales— gracias a la nueva coordinación entre el Poder Ejecutivo, la Fiscalía y elementos del Poder Judicial comprometidos con un sistema de justicia funcional y libre de intereses particulares.
Aunque el proceso judicial apenas reinicia bajo nuevas condiciones, el mensaje es claro: en el nuevo gobierno de Puebla, el amiguismo ya no garantiza impunidad.
