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Marzo de 2013 – Caso 313-03:
Inconformes por omisión en desalojo de invasores antorchistas en Cuautlancingo
El 11 de marzo de 2013, un grupo de alrededor de 300 propietarios legalmente reconocidos de predios ubicados en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del estado para exigir el cumplimiento de una orden judicial de desalojo contra un numeroso grupo de miembros de Antorcha Campesina que, desde cuatro meses atrás, se habían apoderado ilegalmente de sus tierras.
Los inconformes, encabezados por José Otero Román, denunciaron que más de mil personas inicialmente —y alrededor de 2,500 para marzo de 2013— se habían asentado en terrenos privados ubicados en fraccionamientos como El Conde y áreas aledañas del municipio, construyendo viviendas precarias de cartón, lámina y otros materiales reciclables. Estas acciones, además de representar una usurpación de propiedad privada, también implicaban la ocupación de zonas federales protegidas por organismos como la Conagua, Pemex y la CFE.
El conflicto escaló cuando, pese a que el Juzgado de lo Penal con sede en Cholula ya había emitido una resolución judicial a favor de los propietarios y ordenado el desalojo de los invasores, la Secretaría de Seguridad Pública estatal —entonces dirigida por Juan Sánchez Sánchez— se negó a ejecutar el operativo, argumentando falta de “condiciones” y asegurando que se requería la autorización directa del secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, desde Casa Aguayo, sede del Ejecutivo estatal.
La respuesta institucional fue interpretada por los afectados como un acto de omisión deliberada, favoreciendo tácitamente a los invasores afiliados a Antorcha Campesina, una organización que, históricamente, ha tenido relaciones de poder e influencia con distintas administraciones estatales. Los colonos despojados acusaron que el asentamiento no sólo seguía creciendo, sino que también comenzaba a establecer redes de servicios clandestinos, lo que evidenciaba una tolerancia institucional o incluso una colusión política.
Por su parte, la Dirección de Protección Civil Municipal, encabezada por Roberto López, ya había documentado desde el año anterior la aparición del primer núcleo de invasores, quienes levantaron cerca de 50 viviendas en los márgenes del fraccionamiento El Conde, al pie del cerro de San Salvador Tepexco, una zona limítrofe entre Cuautlancingo y San Pablo del Monte (Tlaxcala), convirtiéndose en un foco de conflicto intermunicipal.
La síndico municipal de Cuautlancingo, Lizbeth García Pedraza, alertó además que los invasores estaban dañando zonas de riesgo ambiental y áreas restringidas, lo que agravaba la situación al involucrar competencias federales y de protección ambiental, ya que muchas de las casas fueron edificadas cerca de ductos de Pemex y líneas eléctricas de alta tensión.
El caso escaló a nivel estatal cuando el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Francisco Mixcoatl Antonio, se pronunció de forma inusual a favor del desalojo forzado, citando el riesgo para la integridad de las familias involucradas debido a la carencia de condiciones sanitarias, los peligros ambientales y la ilegalidad evidente del asentamiento.
Recopilado por: Rodolfo Herrera Charolet
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