Uber retira servicio de moto en Puebla tras denuncia y multas: SMT
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que Uber decidió retirar su servicio de transporte en motocicleta en Puebla tras un diálogo con las autoridades estatales. Esto se dio luego de que la empresa recibiera múltiples sanciones económicas debido a la ilegalidad de la operación de este servicio en la entidad.
Según Tanús Osorio, la decisión de Uber se tomó después de que cada motocicleta utilizada en el servicio fuera sancionada con una multa de 57 mil pesos. Además, mencionó que la Fiscalía General del Estado está revisando la posibilidad de aplicar una multa adicional directamente a la plataforma por incumplimiento de la normativa vigente.
“Nos interesa la seguridad del ciudadano. Ellos me querían explicar las ventajas del servicio de moto y les dije que no perdieran el tiempo ni me lo hicieran perder a mí”, expresó la titular de Movilidad y Transporte, reiterando que la ley no permite este tipo de servicio en Puebla.
El gobierno estatal ha adoptado una postura estricta respecto a la regulación del transporte, advirtiendo que, en caso de que otras aplicaciones intenten ofrecer un servicio similar al de Uber Moto, también serán sancionadas. "Estamos tomando medidas para que si salen más aplicaciones con este servicio, dejen de funcionar inmediatamente", comentó Tanús Osorio.
Asimismo, la funcionaria hizo referencia a los motopatines o scooters eléctricos, afirmando que estos tampoco están contemplados dentro de la legislación actual. En este sentido, la Secretaría de Movilidad y Transporte presentó estudios al Gobierno Municipal de Puebla para evitar su implementación debido a los riesgos que representarían para los ciudadanos.
“La piratería en el transporte ha aumentado y en los últimos años no ha habido una regulación adecuada debido a la inestabilidad en el gobierno estatal, lo que ha dificultado un trabajo continuo en esta área”, añadió Tanús Osorio.
El retiro del servicio de motos de Uber en Puebla responde a un esfuerzo del gobierno estatal por mantener el control sobre el transporte público y privado, asegurando que los servicios disponibles operen conforme a la ley y con las garantías de seguridad necesarias para los usuarios.
