Activistas de diversas organizaciones, agrupadas en el colectivo “Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla” (TUCOP), solicitaron al próximo gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, que nombre a un perfil idóneo como defensor de los derechos de los usuarios del servicio de agua potable en la ciudad de Puebla. En su petición, los activistas enfatizaron la necesidad de que este representante actúe en beneficio de la ciudadanía y no favorezca a la empresa concesionaria AGUA DE PUEBLA, la cual ha operado sin restricciones claras durante los últimos 11 años.
Durante una rueda de prensa, Manuel Bravo Bruno, dirigente del colectivo TUCOP, urgió al gobernador electo a seleccionar a una persona comprometida con el interés público para liderar el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Criticó al actual director del organismo, Gustavo Gaytán Alcaraz, a quien acusó de actuar como defensor de la empresa concesionaria, promoviendo incrementos en las tarifas del servicio ante el Congreso.
Bravo Bruno señaló también que Gaytán enfrenta un procedimiento administrativo ante la Auditoría Superior del Estado, tras no haber justificado el gasto de 8 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2022, lo cual cuestiona su capacidad para gestionar un organismo de vital importancia para los habitantes de Puebla.
El activista destacó, además, recientes problemas en diversas zonas de la ciudad. En la unidad habitacional Agua Santa, numerosos vecinos se han quejado por la instalación de medidores defectuosos que registran el flujo de aire, generando cobros adicionales en detrimento de los usuarios. Asimismo, en la colonia Patrimonio, los residentes reportan que el suministro de agua está contaminado con lodo, sin que SOAPAP ejerza presión alguna sobre la concesionaria para resolver estas deficiencias.
Finalmente, Bravo Bruno lamentó que, a más de una década de la privatización del servicio de agua potable en Puebla, esta medida haya contribuido a precarizar el acceso al agua, encarecer su costo y deteriorar la calidad del servicio, en lugar de mejorar las condiciones de vida de la población. 30-10-2024
