Los jueces afectados consideran estas acciones como intentos de intimidación y denuncian una supuesta presión para alinearse con las directrices del gobierno. Además, enfrentan quejas administrativas en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y han solicitado apoyo de la ONU para proteger su independencia.
Fuentes judiciales advierten que, en 2025, la renovación del CJF podría intensificar las acciones contra los jueces que no siguen la línea oficial. Hasta ahora, se estiman 170 suspensiones y alrededor de 20 a 30 jueces involucrados. 01-11-2024
