El exsenador Roberto Gil Zuarth, asesor del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, fue señalado por el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, de maquinar un boicot del gobierno estatal en contra del órgano fiscalizador.
Dicha componenda habría sido orquestada por uno de los colaboradores de Gil Zuarth, de nombre Fernando del Villar, quien es señalado de haber enviado un correo electrónico y documento mediante el cual se instruye a diversas dependencias del ejecutivo, ayuntamientos, universidades y órganos descentralizados a evadir la fiscalización.
A través de la cuenta institucional de Twitter de la ASE, este martes Fernando del Villar fue exhibido por como el autor de la contraofensiva del gobierno estatal en contra del auditor.
“En relación al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra área de Tecnologías de la Información, se ubicó que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana anterior, está a nombre de una persona llamada FERNANDO DEL VILLAR; por lo que esta prueba será presentada ante las autoridades correspondientes”
En la página de internet de la firma BDP Litigio y Consultoría, propiedad de Gil Zuarth, aparece Fernando del Villar como uno de sus colaboradores. De acuerdo con su perfil profesional que ahí se encuentra, ha trabajado en áreas de consultoría constitucional y legislativa, diseño institucional, litigio constitucional y administrativo y de infraestructura.
Estas investigaciones de la ASE comenzaron luego de que Romero Serrano acusó públicamente al Consejero Jurídico del gobierno estatal, Carlos Palafox Galeana, así como la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, de girar instrucciones a ayuntamientos, universidades y secretarías con el fin de negar a la ASE de manera coordinada y con la misma justificación, información sobre el uso de recursos públicos.
A raíz de esto trascendió que presidentes municipales presentarán denuncias contra Romero Serrano, por diversos delitos, como corrupción y extorsión, para atribuirle faltas graves en el ejercicio de sus funciones que hagan inminente su destitución e investigación. Aunque Romero Serrano buscará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el Congreso del estado ahora tiene las facultades para destituir y nombrar a otro auditor en cuanto se encuentren argumentos suficientes. Escenario que se está confabulando desde la estructura del poder, acusó.
