La verdad por la fuerza
Por Rodolfo Herrera Charolet
Un argumento ad baculum o argumentum ad baculum se refiere a
una falacia, la cual implica que sostiene su validez basándose en la fuerza, en
la amenaza o en el abuso de la posición propia; en otras palabras: “La fuerza
hace el derecho”.
No resulta extraño, entonces, que una de las partes en
conflicto utilice la fuerza del estado para imponer su verdad. Esto es así
porque el fiscal General de la República, quien ha mantenido una disputa con la
UDLAP por el nombre, el logo y el lema de la institución; se deriva de un
conflicto en el que existen intereses personales, como propietario y Rector de
la Universidad de las Américas A.C., (contraparte de la Universidad de las
Américas Puebla) y de su representante legal en la CDMX, Juan Ramos López,
también titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales.
También forma parte de esos intereses el proyecto que
emprendió el extinto, en ese entonces gobernador del estado, Rafael Moreno
Valle, para apropiarse de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins; una
de las argucias legales que fue recogida y perpetrada por el gobierno de
Barbosa a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia
Privada del Estado de Puebla. Dicha embestida tiene como principal interés el
de administrar unos 14 mil millones de pesos que la familia Jenkins sacó del
país para evitar que las autoridades pusieran las manos sobre la fortuna, que forjó
su abuelo William Oscar Jenkins. A la postre, ese movimiento de recursos detonó
en las órdenes de aprehensión promovidas por la FGR.
La Fundación Mary Street Jenkins realiza su labor altruista
en México, como ha sido del conocimiento público por más de 67 años, apegada a
las normas establecidas. Actividad que realiza por conducto de un patronato
establecido, el cual es privado y pertenece exclusivamente a la institución;
está seguro, ha sido y seguirá siendo utilizado en favor de la asistencia
social. En cuanto al patrimonio, se afirma que a asciende a 750 millones de
dólares en “dinero” o cuentas bancarias; sin embargo, el patrimonio de la
institución está en una amplia mayoría invertido en bienes inmuebles, y
activos, como parte de ello el campus universitario. El resto de los recursos
siempre ha estado en un portafolio de inversión en el extranjero que genera
intereses, cuyos rendimientos se destinan para los fines propios y legales de
la Fundación.
De manera ilegal, la Junta para el Cuidado de las Instituciones
de Asistencia Privada de Puebla, que depende del Gobierno del Estado, con apoyo
de la fuerza pública tomó por asalto el 29 de junio de 2021 el campus universitario en
despojo de la Fundación, como una forma de apropiarse de los recursos y de la
institución. No obstante que el 4 de mayo de ese año, en forma preventiva y
ante posibles actos de molestia o intento de privación de bienes y derechos, el
Patronato legalmente constituido promovió ante el Juzgado Primero de Distrito
un juicio de amparo que fue concedido y radicado con el número 613/2021, el
cual otorgó la suspensión provisional.
En octubre de
2021 el Juez 24 Civil de la Ciudad de México ejecutó la suspensión de amparo a
favor de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación de la Universidad
de las Américas Puebla. Dicha resolución definitiva obliga al poder judicial y
el gobierno de Puebla implementen las acciones para que el campus de San Andrés
Cholula regrese a ser administrado por la rectora interina, Cecilia Anaya
Berrios.
El 19 de
octubre, el juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales
en Puebla, pidió al Poder Judicial que revisará si el juez 24 Civil de la
Ciudad de México, Roberto Yáñez, había incurrido en desacato al no cumplir con
la suspensión concedida a la Fundación.
Finalmente, todas las omisiones y dilaciones para cumplir las órdenes
judiciales; la falta de acción por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez; las
contradicciones en las declaraciones de todos los involucrados opositores a la
Fundación (se suma Ana Lucía Hill, titular de la Secretaría de Gobernación); la falta de apoyo por parte del Gobierno Federal; las investigaciones en
contra de Gertz Manero y su historia con la UDLAP;
el ataque a la comunidad académica y en contra de quienes defienden la petición
de los estudiantes de poder entrar al campus. Son algunas de las evidentes
intromisiones del poder público en los asuntos de competencia privada, en donde
su verdad absoluta se hace valer por la fuerza.
Ante esta actuación de autoridades despóticas la comunidad
está totalmente desprotegida.
¿O
no lo cree usted?
