El gobierno de Puebla podría comprar las mil patrullas que rentó desde 2019 por 1 mil 387 millones 413 mil 360 pesos. La decisión podría costar otros mil millones de pesos, pues el propio gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anticipó que cada patrulla tiene un costo de un millón de pesos., sin aclarar que ahora son vehículos usados por los cuales ya se pagó su uso.
A semanas de que concluya el contrato de arrendamiento de los vehículos con la empresa Lumo Financiera S.A. de C.V.. La secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, reveló este jueves ante el Congreso del estado que se planea comprar los vehículos rentados luego de ser cuestionada sobre el tema por el diputado local Fernando Morales Martínez de Movimiento Ciudadano, durante su comparecencia por el informe de gobierno.
Como originalmente las patrullas debían devolverse al concluir la renta, anticipó que se pretende modificar el contrato con Lumo Financiera para poder hacer la compra, pero además confesó que se realizaría una inversión adicional para que los vehículos tengan mantenimiento y sigan operando en las mismas condiciones que ahora. El contrato actual no solo es por la renta, sino que incluye otros "beneficios”, como el seguro y el mantenimiento.
El 20 de diciembre de 2021 Barbosa Huerta declaró que cada vehículo rentado tenía un valor de un millón de pesos. Considerando este monto, si cada patrulla se paga a precio de nueva, se pagarían mil millones de pesos, lo mismo que costó rentarlas por dos años y tres meses. Ese día el mandatario argumentó que el alto costo es porque las unidades son equipadas con “alta tecnología”, e incluso alardeó que “no cualquiera” puede manejarlas, sino que se requiere capacitación.
En octubre de 2019 el gobierno de Barbosa Huerta informó que Lumo Financiera fue la ganadora de un proceso de licitación para la renta de patrullas, a cambio de 1 mil 387 millones 413 mil 360 pesos que se pagarían en 27 meses.
Contrato sin opción de compra
Esa restricción la lleva en el nombre el contrato número SSP-SA-DGA-C-001/2019, realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues en su denominación dice: “Contratación del servicio de arrendamiento puro sin opción a compra de mil vehículos nuevos”.
Incluso la cláusula sexta del contrato advierte que, al concluir los 27 meses de renta, el gobierno tiene que devolver las unidades dentro de un plazo 20 días, sin un incremento al monto del contrato, ya que deberán entregarse sin torretas, número de identificación y con desprogramación de radios, gps y cámaras.
El gobierno y la empresa pactaron que la fecha límite para otorgar las primeras 500 unidades tipo Pick Up doble cabina 4x2 modelo 2019 o superior, fuera el 24 de diciembre de 2019, y la segunda fecha límite de entrega el 24 de enero de 2020.
Tras el inicio del arrendamiento las patrullas fueron objeto de escándalo, pues en diversas ocasiones se comprobó que los vehículos estaban estacionados sin utilizarse y con ello se cuestionó el gasto. Diversos medios ventilaron que, mientras la renta de cada patrulla cuesta al día 1 mil 712 pesos, las unidades se encontraban sin utilizarse en diferentes inmuebles de la SSP.
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