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¡Chìnguelo por favor!... es un clamor

 Grupo Salinas anunció que impugnará ante instancias internacionales la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dicta deberán pagar 2 mil 636 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2006 más intereses y actualizaciones.


A través de un comunicado acusaron a los ministros de la Corte de negarse a analizar el fondo de su amparo, violando abiertamente sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa, por lo que cuentan con pleno derecho a defenderse y discrepar de las autoridades.

Señalaron que los instrumentos legales, nacionales e internacionales, son parte fundamental de la democracia, por lo que los utilizarán para defender sus empresas, negocios, colaboradores, así como su respeto al libre mercado y el Estado de derecho.

Por otra parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció en televisión sobre el fallo del amparo promovido por Grupo Elektra, señalando que “les dieron palo en la corte”, pero lo van a resolver.

En un espacio de ADN40 el empresario señaló que los ministros se rehusaron a revisar su caso, por lo cual fue descartado, lo cual consideró un problema que se debe resolver, señalando que no se rendirán e insistirán en el tema.

“Nos acaban de dar un palo muy sabroso, los ministros se rehusaron a revisar nuestro caso, así lo descartaron y así ‘palo’, entonces ahí tenemos un problema y habrá que resolverlo, pero aquí nunca se rinde uno, en la raya nos quedamos”.

Por otro lado, se volvió a pronunciar sobre el bloqueo parcial que mantiene Twitter a su cuenta por denuncias sobre “acoso selectivo”, tachándolo como censura a la libertad de expresión, al no poder señalar lo que está mal, sin embargo, aún tiene otros canales, por lo que “no se dejará”.

Ayer por tres votos contra dos, la SCJN confirmó dos fallos previos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que valida el monto del crédito fiscal que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) impuso a la empresa de Salinas Pliego desde el año 2013.

El caso derivó de la fusión de algunas de las filiales de Elektra, dedicadas al almacenaje y la distribución, por lo que intentaron sin éxito, deducir de ISR el dinero invertido en esta operación.