Además de la corrupción y los privilegios a presos con más dinero y poder, en los penales de Puebla también persiste el autogobierno, el hacinamiento, falta de higiene en diversas áreas, asà como abusos y violaciones a derechos humanos, razón por la que el sistema penitenciario de la entidad está reprobado y es de los cinco peores a nivel nacional.
La prostitución, venta de alcohol y droga, asà como el cobro de cuotas, no son los únicos retos de las autoridades, sino también la falta de atención médica o deficiencia de los espacios que imposibilitan la correcta reinserción social.
Asà lo exhibe el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado de por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual colocó a Puebla como el quinto estado con la peor calificación penitenciaria, al haber obtenido 5.94 puntos, al igual que Sonora.
Los tres estados peor evaluados son: Tamaulipas (5.24), Hidalgo (5.16) y Nayarit, con 4.83 puntos, mientras que Querétaro obtuvo la mejor evaluación, con 8.47 puntos de 10 posibles.
Los reclusorios de Puebla evaluados por la CNDH fueron: el de Tehuacán; el Cereso distrital de Acatlán de Osorio; el regional de Huauchinango; el distrital de Tecamachalco; el de Tetela de Ocampo y Zacatlán.
En los seis penales analizados se encontró deficiencia en atención a la persona privada de la libertad, deficiencias en los servicios de salud, la inexistencia de separación entre hombres y mujeres, hacinamiento, que no hay programas para prevenir y atender incidentes violentos, deficiente alimentación, deficientes vÃas para remisión de quejas sobre violación de derechos humanos, y sobrepoblación, con excepción del reclusorio de Huauchinango.
Sobre este último punto, la evaluación marca que en el Cereso de Tehuacán hay una capacidad para 344 reclusos hombres y 32 mujeres, sin embargo, en 2020 la población de varones era del doble, con 644 internos y 47 mujeres, es decir, que la sobrepoblación era de 83.77 por ciento.
En el penal de Acatlán de Osorio la capacidad es de 50 hombres y 8 mujeres, pero habÃa 103 varones y 3 mujeres, de modo que la sobrepoblación era del 82.7 por ciento.
En Tecamachalco hay espacio para 120 hombre y 16 mujeres, pero lo que se encontró fueron 138 hombres y 7 mujeres que indican una sobrepoblación del 6.6 por ciento. Por su parte, Tetela de Ocampo se encuentra en su máxima capacidad de 45 reos varones y en Zacatlán la sobrepoblación es del 10.6 por ciento al contar con capacidad para 66 reclusos y en 2020 tenÃa 73.
Solo en el caso del penal de Huauchinango se detectó que el cupo que tiene es para 490 hombres y 25 mujeres, y para entonces habÃa 336 hombres y 22 mujeres, es decir, todavÃa contaba con cupo para 157 internos.
La CNDH emitió pronunciamientos en materia de sobrepoblación, protección de la salud, clasificación penitenciaria, racionalización de la prisión y perfil del personal penitenciario en la república mexicana, entre otros, a fin de impulsar el desarrollo de ajustes normativos y buenas prácticas que favorezcan la reinserción social, pues tan solo en Puebla, durante 2020, la CNDH encontró dos incidentes relacionados con dos suicidios.
Falta de higiene y medicamentos caducos
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, hizo su propia evaluación al enviar visitadores a todos los reclusorios de la entidad, y la calificación general fue de 6 puntos de 10 posibles.
Solo por mencionar algunos, en el caso particular del Cereso de Acatlán de Osorio advirtió que las áreas técnicas que administran el centro, comparten un área común para desempeñar sus funciones; halló falta de iluminación eléctrica en la cocina; que no se cuenta con profesionales en las áreas de PsiquiatrÃa y CriminologÃa, lo que consideró, podrÃa tener repercusiones en la reinserción social de los internos.
Además de que observó la carencia o deficiencia de diversos servicios, comodidades, áreas e instalaciones, tales como la ausencia de agua caliente para ducharse, inexistencia de un área delimitada como comedor, y a pesar de contar con un sistema de ventilación (muy necesario por las condiciones climatológicas en los que se ubica el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla), éste se encontraba en mal funcionamiento y necesitado de mantenimiento.
En el Cereso de Ciudad Serdán o Chalchicomula de Sesma, la principal preocupación fue la existencia de medicamentos caducos y próximos a caducarse, además de que no hay psiquiatra adscrito.
Insuficiencia del personal de seguridad y custodia, asà como la inexistencia de un área destinada exclusivamente para visita familiar y la convivencia que ello implica, es lo que destacó en el penal de San Pedro Cholula.
En el penal de Huejotzingo lo que preocupó fue la deficiencia en las condiciones generales de higiene y que no se cuenta con un lugar apropiado para el resguardo de las herramientas utilizado por las personas privadas de la libertad, en el desarrollo de sus actividades laborales, y no se cuentan con medidas de seguridad adecuadas.
Además de la inexistencia de psiquiatra y criminólogo o criminóloga, en el penal de Xicotepec de Juárez, la CDHP encontró que los reclusos no cuentan con medidas de seguridad para trabajar.
Otros Ceresos como el de Tetela de Ocampo, no tienen un área destinada como comedor y no cuentan con personal médico para brindar atención de manera continua. En este caso el personal del reclusorio señaló a los visitadores adjuntos que, de contar con más espacio, y colaboración con los ayuntamientos que se encuentran en la demarcación territorial, las condiciones de internamiento de los presos, serÃan mejores.
También destacó que en el penal de Chignahuapan, existen dificultades en materia de otorgamiento de beneficios de preliberación o de libertad anticipada; circunstancia que atribuyeron a personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (en lo subsecuente “TSJP”), derivada de la continuación de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19).
En el penal de Tehuacán, llamó la atención la insuficiencia de personal de seguridad y custodia para el cuidado y supervisión de las y los internos, pero también el desconocimiento de las autoridades municipales respecto a la labor y lo que puede o no puede hacer la CDHP durante su evaluación.
En el caso del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), la Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró regresar en cuanto la pandemia lo permitiera ya que solo dos adolescentes quisieron participar en la encuesta.
Finalmente, respecto al penal de San Miguel, se detectó sobrepoblación en el área femenil del 15 por ciento, además de que no hay división entre la población del fuero común y del fuero federal, ocurriendo el mismo hecho para procesadas y sentenciadas.
Sobre los documentos recomendatorios, emitidos por la CDHP, en materia penitenciaria, debe decirse que, de enero a diciembre de 2021, fueron emitidas cinco recomendaciones, dos al entonces secretario de Seguridad Pública Estatal (SSP) Raciel López Salazar por la muerte de dos reos en el penal de San Miguel; dos a la presidenta municipal de Huejotzingo Angélica Patricia Alvarado Juárez por la supuesta violación de una interna y un preso golpeado en el Cereso del municipio; y a la entonces presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Elizabeth Angón Silva por un recluso al que le sacaron un ojo.
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