FECHA: 21 de agosto de
2019
Aquí tienes los reportes reescritos con formato y tono narrativo-investigativo al estilo Revista Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Se privilegia el enfoque crítico, contextual y de vigilancia ciudadana:
El Chirris: crimen en la ruta del silencio
Por Redacción Proceso / MCCI Puebla
Fecha: 21 de agosto de 2019
En la madrugada del miércoles 21 de agosto, el cuerpo sin vida de Adrián N., conocido como El Chirris, fue hallado en un paraje solitario entre los municipios de Atzitzihuacán y San Juan Amecac, en la región sur de Puebla. El cadáver yacía dentro de un taxi blanco con letras azules, uno de los vehículos pertenecientes a la flotilla privada del presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Juan Pérez Moral, hermano de la víctima.
Los peritos hallaron al menos tres impactos de bala calibre 9 milímetros en el cuerpo. La escena no mostraba signos de robo: las pertenencias estaban intactas, y el vehículo no fue despojado. A pesar de ello, las autoridades manejan líneas de investigación que van del robo frustrado hasta un ajuste de cuentas.
Pero para los habitantes de San Juan Tianguismanalco, el crimen no fue del todo sorpresivo. "Era broncudo. No se metía con cualquiera, pero sí tenía sus enemigos", comentó a este medio un vecino que pidió anonimato. La violencia que cobró la vida de El Chirris ocurre en un entorno marcado por señalamientos públicos —nunca judicializados— contra el edil Juan Pérez Moral, vinculado por versiones comunitarias a redes de narcomenudeo y comercio irregular de vehículos.
La Policía Municipal de Tochimilco fue la primera en llegar al lugar. Acordonaron la zona y permitieron el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, pero hasta ahora no se ha identificado a los responsables.
La región, enclavada entre los límites de Tochimilco, Atlixco y Santa Isabel Cholula, ha experimentado un repunte de hechos violentos relacionados con pugnas locales, viejas rencillas familiares y posibles células criminales que operan con escasa supervisión del Estado.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad regional han advertido sobre el abandono institucional en la zona. Se recomienda reforzar el monitoreo intermunicipal, con énfasis en el intercambio de información entre Puebla y Tlaxcala, entidades que comparten dinámicas de criminalidad no atendidas.
Tierra, sangre y fuego: homicidio, linchamiento frustrado y vacío de Estado
Por Redacción Proceso / MCCI Puebla
Fecha: 16 de diciembre de 2024
Un intento de robo a una tienda de abarrotes terminó con la vida de José Eladio Dorado, de 74 años, pero lo que siguió fue una muestra cruda del colapso de la autoridad municipal y del retorno del linchamiento como mecanismo de "justicia popular".
Los hechos ocurrieron en una comunidad rural cuya identidad se reserva por seguridad de las fuentes. Según la versión oficial, Eladio Dorado se resistió al asalto y fue asesinado. Sin embargo, testimonios locales contradicen esta narrativa: afirman que el presunto responsable fue su propio hermano, con quien sostenía una vieja disputa por terrenos heredados.
La reacción fue inmediata. Ante la carencia de ambulancia y el abandono de los servicios de emergencia, la comunidad activó sus campanas: una llamada ancestral que, más que alertar, convoca a la autodefensa. En minutos, los vecinos retuvieron a Abraham Alejandro Luna Hernández, acusado por los pobladores como responsable del crimen. La intención fue clara: lincharlo.
Sólo la intervención de la Policía Municipal evitó que Luna Hernández fuera asesinado. Pero el operativo provocó más rabia que contención. Se desató una oleada de disturbios que culminó en la quema de dos patrullas, la destrucción de tres automóviles particulares y daños severos a dos motocicletas.
La escalada obligó a un operativo conjunto de emergencia que incluyó efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, coordinados por la Secretaría de Gobernación estatal. Hubo una persona detenida y la FGE inició la carpeta de investigación correspondiente. Sin embargo, la comunidad no confía en que el proceso llegue a buen puerto.
La violencia, más que responder a un hecho aislado, es reflejo de una fractura estructural. En muchas zonas del estado de Puebla, el aparato de seguridad pública ha sido sustituido por redes comunitarias que actúan sin legalidad, pero con eficacia simbólica: "Aquí no manda la ley, manda el pueblo", dijo uno de los organizadores del cerco ciudadano.
Este incidente se suma a una larga lista de episodios en los que la autoridad llega tarde, si llega. Las instituciones estatales y federales reaccionan, pero no previenen. Y mientras tanto, el miedo, el rencor y la impunidad se asientan como una costra sobre la vida rural mexicana.
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